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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Gracias a la presión del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, la nación dominicana parece encaminarse a la adopción de un marco legal adecuado para regular las compras y contrataciones de obras y servicios así como las concesiones estatales.
Sin embargo, el proyecto de ley enviado esta semana al Congreso por el Presidente Leonel Fernández dejó de lado otro recién reintroducido a la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado en primera lectura en anterior legislatura y que es fruto de un amplio consenso de varios años entre legisladores y organizaciones sociales.
El nuevo proyecto del Ejecutivo es prácticamente el mismo propuesto el año pasado por el ex-presidente Hipólito Mejía, que deja amplias brechas por donde podría burlarse el interés nacional de limitar el tráfico de influencia, la corrupción y la pérdida de recursos que tradicionalmente implican las compras y contrataciones estatales.
UN GOLPE SORPRESIVO
Desde hacía dos semanas el movimiento Participación Ciudadana (PC) había convocado para el jueves 7 de abril un encuentro con periodistas y legisladores para promover el «Proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones», fruto de un amplio consenso construido durante 7 años.
La pieza fue reintroducida al Congreso la semana pasada por un grupo de diputados representativo de los tres partidos que dominan las dos cámaras legislativas: Alejandro Montás y Nelson Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el perredeísta Federico Rosario Montero y el reformista Angel Acosta.
En el encuentro promovido por PC hablaría, además del ingeniero Polón Muñoz, opositor durante décadas de los contratos grado a grado, el ingeniero y diputado peledeista por el DN Alejandro Montás. Ambos fueron cabezas fundamentales en la elaboración del proyecto que justamente este jueves comenzaría a conocer la cámara baja.
El también diputado peledeísta Euclides Sánchez, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la cámara, asistió también y habló en el encuentro, celebrado al medio día en un salón del Hotel Santo Domingo.
Lo sorprendente para ellos y los demás promotores del proyecto que conocen los diputados es que en la víspera el presidente Leonel Fernández ignorara esa pieza, originada precisamente en un decreto suyo de 1998, y reintrodujera por vía del Senado el proyecto enviado el 5 de mayo del 2004 por su antecesor Mejía. La sorpresa fue mayor por cuanto los principales promotores del proyecto de los diputados han sido peledeístas, entre ellos los tres antes citados. Y porque la pieza ya había sido aprobada dos veces en primera lectura por la cámara baja. Aunque en ambas oportunidades perimió al pasarle dos legislaturas consecutivas, resalta que la última vez, el año pasado, obtuvo el voto positivo de los 109 diputados presentes.
PROYECTO CON HISTORIA
El proyecto de consenso tiene una historia de 7 años. El decreto 200-98 del presidente Leonel Fernández creó una comisión de profesionales de la ingeniería y la arquitectura de diversas corrientes políticas, coordinada por el ingeniero Diandino Peña, Secretario de Obras, con la encomienda de elaborar un anteproyecto de ley sobre contrataciones de obras y servicios.
Entre los comisionados estaban Polón Muñoz y Alejandro Montás, quien entonces presidía el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y varios que habían ocupado el mismo cargo, como Marisela Vargas, Cristian Maluf, Frida Aybar, y Rafael Corominas Pepín. Además de la ingeniera Mercedes Sabater de Macarrulla, dirigente del PLD y para entonces directora de la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos.
Los comisionados cumplieron su misión y en 1999 entregaron el proyecto al presidente Fernández, quien lo envió al Congreso. Nada más que al decir de Polón Muñoz, llegó allí «descricajado». La arquitecta Marisela Vargas dijo que mutilado.
En tales circunstancias el CODIA se alió con Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que venían presionando por una eficiente ley que cortara los contratos de grado a grado, y rescataron el proyecto original, procediendo a buscar consenso junto a una comisión de Reforma Financiera de la Secretaría de Finanzas, auspiciada por organismos internacionales.
La entonces presidenta de la Cámara de Diputados Rafaela Alburquerque y su colega de partido Marino Collante proceden en el 2000 a presentar en ese organismo legislativo el proyecto de consenso, después que fue ampliado para incluir en las regulaciones las concesiones de obras a ser ejecutadas con inversión privada.
El proyecto pasó tiempo en comisión de estudio y no fue aprobado definitivamente al parecer porque algunos perredeístas, ya entonces en el gobierno, querían «liberalizarlo». Por ejemplo, proponían que se elevara de 20 a 60 millones de pesos las obras que no estarían sujetas a concurso.
En el ínterin el presidente Mejía envió en mayo del 2004 su propio proyecto, más limitado, que no incluía las concesiones y dejaba múltiples brechas para escapar de los controles. Quedó en una comisión del Senado. Es el proyecto que acaba de rescatar el presidente Fernández, volviendo a ignorar el que tiene consenso legislativo multipartidario, del CODIA y de organizaciones sociales.
El sometimiento al Congreso de un proyecto de ley de contratación de obras, bienes y servicios, forma parte del acuerdo firmado en enero pasado por el Estado dominicano con el FMI. El Poder Ejecutivo cumple su compromiso, pero deja abiertas brechas para colar el interés de beneficiar a partidarios y relacionados con contratos estatales.
EL PROYECTO CONSENSUADO
El proyecto consensuado entre legisladores y dirigentes sociales busca regular las compras y contrataciones de obras y servicios de todo el sector público, incluyendo todos los organismos autónomos y descentralizados, las empresas públicas y capitalizadas donde el Estado tenga inversiones superiores al 10 por ciento.
Exige nuevas condiciones a los contratistas de obras públicas, calificándolos en cuatro categorías, de acuerdo a su capacidad técnica, económica y financiera.
Excluye de la contratación con el Estado una lista de funcionarios y relacionados y establece la licitación pública nacional e internacional y el concurso de precios para la adquisición de bienes comunes.
Las citaciones no serían necesarias para las compras o contrataciones directas desprendidas de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, por rescisión o terminación anticipada del contrato siempre que no falte más del 25 por ciento para su conclusión, y cuando se trate de obras y servicios con costo menor a 20 millones de pesos.
Además de definir los alcances de las concesiones, que siempre serán por licitación pública nacional o internacional, el proyecto en manos de los diputados establece como plazo mayor para la concesión el 75 por ciento de la vida útil de la obra, bienes y servicios.
Instituye un Organo Rector de la contratación y concesiones del Estado, como entidad normativa y consultiva.
En cambio el proyecto de los presidentes Mejía y Fernández deja una amplia brecha para las contrataciones sin concurso, basándose en razones de emergencia. Deja a una posterior reglamentación los montos para las diversas modalidades de concursos, licitaciones y compras del Estado.
¿HAY VOLUNTAD POLÍTICA?
Los diputados Montás y Sánchez dijeron durante el encuentro de PC del jueves que aunque el presidente no se acogió al consenso ya establecido en torno al proyecto en manos de los diputados, el sometimiento del suyo demostraba que hay voluntad política para cerrar ese camino a la corrupción.
Pero otros formularon cuestionamientos, resaltando la coincidencia entre las posiciones de los dos últimos presidentes para un proyecto que deja mayor espacio al presidencialismo.
No faltaron quienes estimaron que si existe esa voluntad política debería manifestarse en la puesta en vigencia, por decreto, de los límites y normas que se proponen mediante ley.
Por otro lado, el Congreso en manos de la oposición política, y aprovechando la coyuntura de presión del FMI, debería aprobar cuanto antes el proyecto de ley ya consensuado. Por lo menos corresponde que los dos proyectos sean ponderados para ver cuál prevalece con mayor fuerza.
De cualquier forma hay quienes deploran la persistencia del sistema político en evadir normas para la contratación de bienes y servicios, en lo que la nación se ha quedado virtualmente atrás a nivel latinoamericano y hasta mundial, y el que una buena proporción de los avances institucionales dominicanos han estado determinados por la presión de organismos internacionales.
Nadie puede asegurarlo con certeza, pero se estima que por lo menos un 30 por ciento del costo de las obras que contrata el Estado y de los bienes y servicios que adquiere, se destina a los interesados.-
