Desde hace tiempo vengo planteando que no creo en el mito de la privatización de UASD por parte de los gobiernos o sectores externos. Lo que pasa es que resulta más fácil creer y enarbolar ese mito que ponerse a pensar y repensar seria y responsablemente a la UASD. Si leemos cuidadosamente el artículo de Ramón Flores publicado recientemente en un periódico matutino, nos daremos cuenta por dónde va la tendencia hacia el aniquilamiento de la UASD.
Todo comenzó, no con la aparición de las primeras universidades privadas como algunos prefieren creer, sino con la Ley 139-01, o Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Allí, como dije en otro espacio, se le presentó el primer gran desafío a la UASD, o si se prefiere, se le propinó su primera gran estocada. Pero veamos primero lo que establece la Ley 5778 del 26 de octubre de 1961 en su artículo 3:
«El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional».
La Ley 139-01 introduce un elemento nuevo, que probablemente pasó desapercibido para muchos, y que enmienda lo que establece la ley anterior. Veamos:
Artículo 91. «La inversión pública a ser ejecutada en el primer año de entrada en vigencia la presente ley no deberá ser inferior al cinco por ciento (5%) del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos asignado en la ley 5778, del 31 de diciembre de 1961, que declara la autonomía a la Universidad de Santo Domingo y que serán destinados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y universidades públicas.
Posteriormente, el reglamento de la Ley 130-01 reitera este aspecto:
«La inversión pública a ser ejecutada no debe ser inferior al 5% del Presupuesto de Ingreso y Ley de Gastos Públicos asignado en la Ley 5778 del 31 de diciembre de 1961, que concede la autonomía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, y que será destinada a la UASD y universidades públicas.
Como se advierte, la Ley 139-01 no deroga lo establecido en la Ley 5778, sino que, como yo lo veo, lo asume pero lo enmienda y modifica, introduciendo otras universidades públicas que serán depositarias también de una parte de ese presupuesto «no menor del 5%» del Presupuesto Nacional. Esto significa, que a partir la Ley 139-01, el 5% para la UASD dejó de ser un planteamiento real y se convirtió en un monto menor. Seguirlo enarbolando ese 5% como lo que supuestamente le corresponde por ley a la UASD equivale a enarbolar un mito. Esto quiere decir, que lo que realmente le toca por ley a la UASD es lo que resulte de la repartición de ese monto “no menor del 5%…” entre todas las universidades públicas, que ya son varias, de lo cual parece que mucha gente en la UASD no ha enterado. Ahora bien, ¿cuál es la proporción que le tocará a cada una de estas universidades públicas? La Constitución del 2010 se encargó de precisar este punto al establecer que:
«La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley» .
Finalmente, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) se plantea en su numeral 3.3.3.6 «Desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral».
Esto significa, en suma, que el Estado, representado por el Gobierno de turno, podrá crear de manera legítima cuantas instituciones de educación superior públicas considere necesarias y que le asignará parte del presupuesto que indica la ley, de acuerdo a la oferta en la región geográfica donde esté ubicada.
¿Dónde coloca todo esto a la UASD? Precisamente en la perspectiva que indica el Ing. Ramón Flores en su artículo. Esto es, se le dice a la UASD: usted, o se adecúa a la realidad legal e institucional actual y a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad actual o seguirá soñando con lo imposible, porque el Gobierno le irá montando nuevas universidades e institutos superiores a los cuales se les repartirá parte del presupuesto de acuerdo a su oferta académica. Lo que quiere decir, señora UASD, que usted tendrá una proporción de ese presupuesto público en consonancia con su oferta y pertinencia social en las regiones donde opera. En síntesis, en el mejor de los casos, a usted no se le va a dar más dinero que el que su oferta en cada región amerite.
Todo esto plantea a la UASD el gran reto de repensarse, de reinventarse a la luz de todo ese andamiaje legal que hasta ahora muchos uasdianos no conocen o se han resistido a reconocer como una realidad. Si La UASD no hace esto, su estrangulamiento económico continuará y con ello su creciente ineficiencia e ineficacia para proporcionar al país profesionales de calidad. Y como no está en capacidad de responder a esta necesidad y demanda social, entonces, dice el Gobierno de turno a nombre del Estado, tendremos que crear otras instituciones de educación superior que suplan esta necesidad, porque el país no se puede detener en su desarrollo porque la UASD no se quiera repensar y adecuarse a los nuevos tiempos.