El Gobierno y los empresarios conocen al dedillo, con pesos y centavos, el monto que dejará de percibir el Estado desde que la vigencia del DR-Cafta obligue a desmontar los aranceles y la comisión cambiaria.

Sobre la base de ese dominio de las cifras es que ambas partes han estado negociando la manera de compensar ese déficit que dejaría al Gobierno virtualmente desvalido en términos financieros, sin capacidad para honrar importantes compromisos.

Como los acuerdos logrados en estas negociaciones no han sido detallados y divulgados en todas sus partes, todavía hay un aspecto que se maneja como una especie de tabú, pero que tiene una enorme importancia para el interlocutor ausente de ese consenso.

Nadie ha querido manejar con transparencia absoluta el aspecto que más le interesa a este interlocutor, compuesto por los que terminan «cargando las cargas» previamente «consensuadas» por Gobierno y empresarios.

–II–

Si se sabe cuánto dejará de percibir el fisco debido al desmonte arancelario, se tiene que saber, por fuerza, cuánto será, para beneficio de los empresarios, el desmonte de que se beneficiarán en términos de costos de producción, operación y comercialización.

Por ejemplo, un productor local de calzados que ha estado importando hilos, pieles, telas y pegamentos de los Estados Unidos verá disminuidos sus costos de producción en la misma proporción en que sean desmontados los aranceles que ha estado pagando por la introducción de esos materiales al territorio nacional.

Ahora bien, aunque desde el punto de vista del Gobierno y del productor, de calzados para el caso del ejemplo, están muy claras las cifras que dejará de pagar en aranceles, nadie ha dicho ni se tiene certeza de que en esa misma proporción serían desmontados los precios de los artículos terminados en beneficio de los usuarios o consumidores finales.

–III–

Una reforma fiscal que ha de penalizar consumo y uso para desplazar el déficit por concepto de desmonte arancelario, debería tener en cuenta al consumidor o usuario, que es a fin de cuentas quien cubrirá la mayor proporción del déficit.

Al emprender la reforma fiscal, Gobierno ni empresarios se han tomado el trabajo de establecer las pautas para un desmonte de precios y mucho se teme que no lo hagan jamás.

Hay razones para temer que Gobierno ni empresarios sean partidarios de un desmonte de precios, ni siquiera con la misma gradualidad del desmonte arancelario.

En medio de la competencia que abrirá la vigencia del DR-Cafta, los empresarios se cuidarían de no mermar la rentabilidad de sus operaciones, por lo menos hasta tener certeza de cuánto les afectará la vigencia del tratado. Para el Gobierno, que tendrá que afrontar un déficit fiscal muy severo, por razones obvias no le convendría un desmonte de precios del mismo orden que el de los aranceles.

¿Y el usuario o consumidor? ¡Bien, gracias!