Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y desde hace mucho tiempo el pueblo dominicano no ve lo que sucede con la migración haitiana aunque se queje de ella.

El gran tollo migratorio, promovido por el gobierno dominicano para satisfacer la demanda empresarial de súper-explotación de la mano de obra, constituye un atentado al orden legal, a la soberanía nacional, la convivencia social, y a los tratados internacionales de derechos humanos.

Pero los voceros del gobierno y representantes de empresarios han pasado décadas culpando a otros del problema. Así han convencido a muchos dominicanos de que los responsables son las ONG de Sonia Pierre (que en paz descanse), de los jesuitas, o los gobiernos extranjeros.

Pero no, el principal culpable del tollo migratorio es el gobierno dominicano que ha permitido la migración ilegal por décadas, y los empresarios que quieren esos inmigrantes para explotarlos.

La tragedia socio-económica y política de Haití es obvia. Una élite gubernamental hiper-corrupta ha dominado ese país por siempre; una élite social mulata ha subyugado la población negra mayoritaria; y una élite intelectual afrancesada ha despreciado al pueblo iletrado. Haití se volvió agreste y súper poblado, con una avalancha de gente dispuesta a salir hacia cualquier lado, y República Dominicana es lo más fácil y cercano.

Del lado dominicano, la corrupción gubernamental y la corta visión empresarial han sido la contraparte de la tragedia haitiana. En conjunto, estos factores han producido un gran asentamiento de población inmigrante haitiana en territorio dominicano, sin las condiciones legales ni socio-económicas para echar adelante.

Crecen en números porque vienen más y porque se reproducen, pero la inmensa mayoría existe sin documentación ni derechos. Y en tiempos recientes, a muchos dominicanos de ascendencia haitiana que tenían actas de nacimiento, se la han quitado en interpretaciones incorrectas y arbitrarias de la ley.

Nadie sabe exactamente cuántos son, pero de los muchos haitianos que sean, menos de diez mil cuentan con una tarjeta de residencia legal según ha declarado el propio director de la Dirección General de Migración en los medios de comunicación.

Cuando el padre Regino se plantó en la frontera a principios de enero pasado a defender el derecho de los haitianos a retornar después de navidades, no violó la ley porque la ley migratoria dominicana casi nunca se cumple, y los mayores incumplidores son las autoridades dominicanas.

Para beneficio de una casta gubernamental corrupta civil y militar, y un empresariado explotador, en República Dominicana se ha creado un drama humano con una población inmigrante pobre y carente de derechos que al pasar el tiempo aprenderá, con justa razón, a reclamar.

Permitir un flujo de inmigrantes sin documentación bajo el argumento de que son nacionales de otro país, y por tanto, no pueden adquirir residencia permanente ni ciudadanía, ni ellos ni sus hijos nacidos en territorio dominicano, es una atrocidad legal y social; y como llevo varios años planteando, se ha creado un apartheid social y constitucional.

La migración es un gran desafío para muchas sociedades contemporáneas, y sólo hay dos caminos aceptables: permitir inmigrantes con documentos legales, o no permitirlos. Dejarlos llegar ilegalmente para luego negarles derechos es una violación a los tratados internacionales de derechos humanos, y por eso República Dominicana es y será denunciada y sancionada.

El problema es grave y las soluciones son complejas, pero seguir culpando a otros es de cobardes o tramposos. Este tollo migratorio tiene consecuencias muy negativas para la sociedad dominicana y los inmigrantes haitianos. El gobierno es el principal culpable y en sus manos está solucionarlo.