Hoy 
SAMUEL SANTANA
La violencia y la delincuencia que se ha desatado en el país en los últimos meses están trastornando severamente el comportamiento normal de la sociedad dominicana.
El temor se ha apoderado de muchos ciudadanos que no quieren salir a las calles por temor a ser víctimas de algún desalmado.
Empresarios, líderes comunitarios, pastores, sacerdotes y ciudadanos de a pie, todos a una están pidiendo a voz en cuello que se busque una solución contundente a este flagelo peligroso.
El Gobierno, los militares, los jueces y a la sociedad en general deben ponerse en pie de guerra para neutralizar a este flagelo que atenta contra la paz pública y el desenvolvimiento normal de la nación.
El problema es tan grave que ha merecido la atención de los medios de comunicación internacionales.
Hace poco el Miami Herald hizo una reseña, acompaña de unas cuantas aseveraciones fuertes con relación a la delincuencia en Santo Domingo que, indiscutiblemente, ameritan que le prestemos mucha atención.
El enfoque se concentra en el proyecto piloto que el Gobierno del doctor Leonel Fernández ha implementado en el barrio de Capotillo, con una población de 33 mil habitantes, donde de la droga, la violencia y la delincuencia han causado serios estragos.
La labor realizada aquí ha sido calificada de exitosa, al extremo que ha sido transferida a otros sectores de la capital.
Esto ha ido a tono con lo que fue la promesa de campaña de Fernández en el sentido de combatir los niveles de inseguridad que durante la gestión de Hipólito Mejía se habían desatado de manera alarmante en el país.
Pero el sistema de lucha implementado no fue un producto criollo. Para esto el mandatario reclutó a un experto de la Universidad Internacional de Florida, a varios asesores de New York, Maimai y Colombia.
La lucha contra el crimen y la violencia no sólo se limitó a una estrategia represiva, sino que tuvo que tocar el corazón de la misma Policía Nacional con el despido de más de 100 miembros de la institución, muchos de ellos con base de operación en los mismos barrios revoltosos.
Se aconsejó el establecimiento de una escuela de formación policial eficiente y la depuración estricta de quienes deseen ingresar a las filas del cuerpo del orden público.
Se procedió así, según el Herald, porque parte de las agencias encargadas del orden público estaban vapuleadas por la corrupción, el narcotráfico y la extorsión.
Se trata de acusaciones muy serias que se esgrimen como elementos que impiden el combate serio de la delincuencia.
A esto se suma, según sus criticas, el hecho de que el sistema de emergencia en el país, el 911, es infuncional, pues los encargados de dar el servicio a la población no se molestan en contestar las llamadas. Y cuando lo hacen no hay vehículos ni recursos para atender las necesidades de los
ciudadanos.
Esto se magnifica, aún más, por considerar al país como punto de negociación del narcotráfico y por existir una complicidad con las agencias del Estado.
Note usted esta aseveración: Hasta un antiguo oficial militar se convirtió en un fugitivo de la justicia, habiendo ayudado a un traficante de drogas.
Todo esto ha llevado a que se haga la sugerencia de transformar a las fuerzas represivas del país, la realización de fuertes inversiones en la modernización y en el mejoramiento de la condición salarial de quienes están
encargados de combatir el crimen.
Aparte de todas estas declaraciones picantes, la prensa internacional considera que una de las claves importantes para lograr un combate eficaz contra la delincuencia es la existencia de un aparato represivo sano, libre de toda imputación perjudicial y que se mantenga libre de toda relación amigable con el bajo mundo de las drogas y de las violaciones a las leyes del país.
