En la administración pública existe un determinado número de puestos técnicos, de la DGII o de otros órganos del Estado, “autónomos” o no, cuyas normas de reclutamiento y contratación seguramente deberán regirse por normas técnicas y según las características del mercado laboral en segmentos particulares. De manera similar, debe tenerse cuidado con las estructuras salariales y de beneficios colaterales que algunas entidades han desarrollado y aplicado con buen éxito durante años. Especialmente cuando esos cargos son llenados por concurso público.

Lo cual no es necesariamente el caso de todos los titulares de dependencias del gobierno nombrados por decreto. La estructura salarial de la burocracia estatal no debe procurar  uniformizar lo que no es uniforme, puesto que existe mucha heterogeneidad en cuanto a calificaciones técnicas y características de personalidad requeridas en los diversos cargos. En cambio, la discusión debe centrarse principalmente  sobre los sueldos topes y mínimos, que es en donde están los mayores e irritantes abusos.

Paradigmáticamente, el sueldo del Presidente ha sido pura demagogia para hacer parecer que los mandatarios tienen una especie de voto de castidad y pobreza, cuando por la izquierda, se asegura, han acumulado riquezas o han tenido “favorecidos”, socios, medieros y aparceros,  que los han “suplido” de cuanto han necesitado para sí, para el partido o para sus familiares. Así, obviamente, nadie necesita un sueldo. De hecho, sabemos de individuos que han ejercido cargos oficiales, civiles y militares, de alto y bajo nivel, sin sueldo alguno.

En el caso de los altos funcionarios, podría estimarse su salario en base a lo que ganan sus iguales en similares países, pero con un ajuste “ceteris non paribus”, esto es, en base a, por ejemplo, la cantidad de habitantes a quienes sirven, el Producto Bruto Interno o per cápita; y aumentarles  (o reducirles) sus retribuciones en base a sus aportes en cuanto a la reducción (o aumento) del déficit y de la deuda públicos,  el balance anual de importación-exportación, o   el crecimiento de su sector (agrícola, minero, construcción, turismo). A algunos, como los ministros de Educación y Salud podría calculárseles los aumentos de sueldo en base a la disminución del analfabetismo y de la tasa de morbilidad.

Es vital que se arribe a un esquema racional de retribución al funcionario y al servidor público, sin que permanezca por más tiempo la perversa imagen de estos como depredadores y oportunistas, que surte un efecto devastador en la moral ciudadana frente al Estado y a la sociedad.

De ese nefasto sistema de compensación, a menudo auto asignado por el propio funcionario, sin que el jefe de Estado diga esta boca es mía; se derivan conductas cínicas y delincuenciales: desde el robo de cables y tapas de alcantarillas y la delincuencia común, hasta la proliferación de delincuentes entre policías y  militares, y entre oficiales superiores que ven en el ejemplo de los funcionarios civiles malversadores y depredadores, la justificación de su conducta, abiertamente reñida con las leyes y las buenas costumbres.