Los representantes del Fondo Monetario Internacional sólo esperan los resultados de las proyecciones fiscales que realizan las autoridades monetarias y del área económica del gobierno para proceder a cerrar la última serie de sesiones que concluirá la próxima semana con un acuerdo definitivo.

De hecho, la presión fiscal que ha afectado las arcas gubernamentales y afectado el comportamiento fiscal con graves repercusiones macroeconómica para el país, es lo que más ha llamado la atención de los organismos multilaterales.

Acorde con la el Latin American Monitor en sus respectivas publicaciones a julio y noviembre, la revista que evalúa y analiza el comportamiento y las proyecciones de corto plazo para los países de la región en los órdenes económico, social y político, resalta los nocivos efectos que para República Dominicana ha tenido la erupción de la crisis bancaria tras la caída de Baninter.

La relativamente positiva previsión fiscal que tenía el gobierno dominicano fue fue derribada por el costo de salvamento de Baninter, el tercer banco más grande del país, sostiene Latin American Monitor.

Provisionalmente, agrega el estudio, el Banco Central había previsto una pérdida total de 55 mil millones de pesos como resultado de las actividades irregulares de la institución.

Expresa el documento que las herramientas monetarias y fiscales de que dispone el gobierno del Presidente Hipólito Mejía venían siendo parcialmente exitosas hasta ese momento, en que pudo mantenerse una tasa de cambio estable, aunque muchas pérdidas cambiarias no habían sido recuperadas por la institución monetaria.

La posición fiscal permanecía relativamente fuerte según indica la publicación citada , pero muy comprometida con el costo de salvamento del quebrado banco Baninter.

El costo del salvamento al Baninter, así como a otros dos bancos del sistema financiero del país, literalmente derrumbó la estabilidad fiscal de República Dominicana, creando un escenario en el cual las autoridades se vieron constreñidas a solicitar el auxilio del Fondo Monetario Internacional para salvar al país de una catástrofe económica.

[b]FMI: EQUILIBRIO A DOBLE VÍA[/b]

El principal escollo que prevalece para la consecución de un consenso, no obstante los tropiezos preliminares se han eliminado, en vista de que prevalece la idea en las autoridades de que es inminente un cambio en la composición de los ingresos tributarios que recibe el gobierno.

En forma preliminar, las cosas se han facilitado ya que tanto los representantes del gobierno como los representantes del sector privado han logrado consenso en la necesidad de que la base del Impuesto a la Trnsferencia de los Bienes Industrializados (Itebis), debe ser ampliada.

Tal ampliación del universo de los contribuyentes del Itebis, implica que el gobierno lograría incrementar sus recaudaciones en más de RD$1,230 millones anuales.

A nivel del gobierno prevalece la necesidad de una urgente decisión al respecto, en vista de que el nuevo acuerdo con el FMI y con ello los ingresos previstos a entrar antes de finalizar el año, calculados en US$310 millones a través de las agencias internacionales BID y Banco Mundial.

Para muchos economistas la insistencia del empresariado en persistir en una reforma profunda y global en el país, se basa en el criterio que también tienen los funcionarios de que la reforma sea profunda y de largo alcance, pero asumirla sería muy costoso en el corto plazo para el país.

Como ejemplo se sostiene que en todos los escenarios que conlleva esta reforma, solamente se han estado contemplando los tramos tradicionales en que se ha basado el sistema impositivo dominicano, ue consite en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (tanto individual como corporativo), en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (Itebis).

[b]DEBILIDAD FISCAL[/b]

Que el país acuse una gran debilidad en su base fiscal no es nada nuevo. Muchos esfuerzos han fallado desde hace unos 20 años por tratar de cambiar la estructura impositiva de República Dominicana, la cual ha sido tildada por expertos fiscalistas como de concentradora de la riqueza social.

Fue con tal idea que se estructuró el nuevo régimen impositivo a partir de 1983 y 1984, donde se impuso el impuesto Itebis, basándose en la máxima de quienes más consuman, más impuestos debe de pagar.

Un elemento del cual se acusaba hace años a las leyes impositivas dominicanas era que imponía muchos gravámenes directos a los contribuyentes, que generalmente venían a ser sectores de clase media y los más pobres de la población.

Esa fue también la señal para que los gobiernos echasen manos de los impuestos aplicados a los consumos de alcoholes y de tabacos, los denominados impuestos a los vicios, que en los países ricos son altamente gravados.

Sin embargo, en un país en vías de desarrollo como la República Dominicana, la cuestión no deja de tener sus repercusiones negativas dado que la industria derivada de los alcoholes y cigarrillos concentra una alta población activa empleada y la aplicación sucesiva de gravámenes ha limitado planes de expansión que contribuirían a su extensión, según sus promotores.

A pesar de ello se han establecido escalas impositivas negociadas con estos sectores productivos que les han permitido al fisco obtener ingresos importantes, pero que al mismo tiempo les ha posibilitado crecer a estas industrias.

No obstante, todos los estudios ponen de manifiesto la debilidad de no plantearse nuevos escenarios para el cobro de impuestos que modernamente están siendo puestos en marcha en muchos países donde las reformas fiscales avanzan.

Uno de los gravámenes que no ha sido tocado con amplitud y sinceridad, lo es el que se debería aplicar a la propiedad inmobiliaria. De hecho, el fisco está dejando de ingresar millones de pesos por este concepto, porque uno de los principales escollos consiste en que el país no cuenta con un régimen de propiedad debidamente transparentado.

La gran mayoría de las pripiedades inmobiliarias están erigidas sobre terrenos ilegalmente ocupados, lo cual en parte se debe a la propia legislación que no viabiliza los mecanismos para permear los títulos de propiedad a sus dueños.

Igualmente no se hace justicia para los casos de personas que a pesar de disponer de propiedades de gran valor no tienen liquidez suficiente para cubrir los elevados impuestos que serían exigidos por este concepto, sobre todo para cubrir las obligaciones de viviendas estimadas suntuarias y que sobrepasen determinada cantidad. Mecanismos especiales para determinar el estatus económico real de estas personas o familias son puestos en marcha en países que ya han transitado por este tipo de reformas, para subsanar una situación que muchas veces tiene ribetes humanos a ser considerados.