El huracán que sacude la FIFA vino desde Latinoamérica

Joseph Blatter, presidente de la FIFa, archivo
Joseph Blatter, presidente de la FIFa, archivo

Zúrich, Suiza. El terremoto que ha sacudido la FIFA desde hace casi dos meses y que incluso motivó la dimisión del presidente Joseph Blatter tiene su origen en el fútbol latinoamericano, tanto en países de la zona Concacaf como de la Conmebol.

El mundo del fútbol despertó bruscamente de su sueño en la mañana del miércoles 27 de mayo, con la noticia de que siete dirigentes de la FIFA habían sido detenidos en un hotel de lujo de Zúrich, donde iban a participar un día después en la apertura del 65 Congreso de la institución.

Poco después se supo que las detenciones en Suiza, a pedido de las autoridades estadounidenses, formaban parte de una investigación anticorrupción por la que fueron imputadas 14 personas.

Cinco de los detenidos en Zúrich, que todavía continúan en el país de los Alpes a la espera de conocer su futuro procesal, son de países latinoamericanos y de los catorce imputados son diez los latinoamericanos, lo que puso a la región en el ojo del huracán.

Eduardo Li (que era presidente de la Federación de Costa Rica y miembros de los Comités Ejecutivos de FIFA y CONCACAF), Julio Rocha (expresidente de la Federación Nicaragüense y responsable de desarrollo de la FIFA), Eugenio Figueredo (vicepresidente ejecutivo de la FIFA y expresidente de la CONMEBOL y de la Federación Uruguaya), Rafael Esquivel (presidente de la Federación Venezolana y miembro del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL) y José María Marín (expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y miembro del Comité de Organización de la FIFA para el fútbol olímpico) fueron detenidos aquella mañana y continúan en prisión a la espera de una eventual extradición.

Los otros dos arrestados en Suiza proceden de Islas Caimán, el presidente de la CONCACAF, Jeffrey Webb, y uno de sus colaboradores, Costas Takkas. Webb fue extraditado esta semana a Estados Unidos, declaró el sábado y quedó liberado bajo fianza de 10 millones de dólares, con el pasaporte requisado.