En la década de los 70 el gobierno del presidente Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública para fines de reforma agraria alrededor de 15 mil tareas de terrenos en las comunidades Isleño-Colón y Jobo Dulce, del municipio de Higüey. Eran propiedad de los Sucesores Valdez-Martínez y  Morales-Garrido.

Años después, el gobierno del presidente Antonio Guzmán incorporó a los programas agrarios otras 40 mil tareas en la sección  Baiguá, en  San Rafael de Yuma y lo que fue  la legendaria finca “El Pintado”, propiedad del sicario trujillista Félix W. Bernardino, ubicada en la carretera Higüey-Seibo, próximo al Cruce de Pavón.

Los predios de  Baiguá  y de Bernardino  fueron transferidos a la Reforma Agraria mediante acuerdos establecidos entre las partes, a través de los recursos asignados en 1978 al Fondo de Desarrollo del Este,  derivados de los 38 millones de dólares que la  Gulf and Western hubo de reembolsar al Estado Dominicano por transacciones azucareras pasadas.

No obstante esos asentamientos haberse inaugurados y definidos hace ya varios decenios, las diferentes administraciones del Instituto Agrario no han materializado el traspaso definitivo de los predios, y por tanto, los parceleros  carecen de la documentación necesaria para acceder a las  fuentes de financiamiento privadas.

Los parceleros   revelan  que en varias oportunidades han sometido al IAD la documentación exigida por las leyes vigentes a los fines de obtener el certificado definitivo, pero cuando acuden al Registro de Títulos les advierten que la transferencia no procede “porque  los terrenos permanecen a nombre de los propietarios originales”.

A más de 500 asciende el número de campesinos  que explotan estos asentamientos agrarios y que provistos del Título Provisional que otorga el Instituto  y las certificaciones que los acredita como ocupantes irrevocables de los predios, no pueden lograr el documento definitivo.

Los beneficiarios  del proyecto  Isleño-Colón afirman   que el Central Romana (Gulf and Western)  ha manifestaron su decisión de resignar sus derechos en las tierras de Isleño-Colón a favor de los ocupantes, de suerte que puedan alcanzar  los  títulos y acudir a los bancos.

En el  asentamiento Baiguá, en jurisdicción de San Rafael de Yuma, el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ha hecho inversiones millonarias en la instalación de sofisticados sistemas de riego y en obras de infraestructura para garantizar las cosechas de vegetales, pero los campesinos no tienen  préstamos.

Para el Banco Agrícola, principal fuente de financiamiento de los beneficiarios de los programas de Reforma Agraria, sería una “misa de salud” que los parceleros obtengan sus títulos definitivos para que se conviertan en sujetos de créditos en las instituciones tradicionales  de financiamiento.Así es, pues, que el  IAD  debe emprender sin pausas las gestiones de lugar ante  las instancias correspondientes para que esos hombres de campo reciban la documentación definitiva que los acredita como propietarios legales de las parcelas que explotan.