Desde hace doce años viajo constantemente a Brasil, a visitar a mi hija que reside en São Paulo, ciudad que considero como mi segunda casa. Es un país que admiro y respeto por su extraordinaria historia, su gente, su pujanza, con hermosos paisajes y grandes ciudades. Todo bajo el lema de “Orden y Progreso”.

En todos estos años, nunca como ahora había observado y percibido el nivel de hartazgo de sus ciudadanos con la economía y con la corrupción. A decir verdad, las primeras señales las sentí cuando estuve pocos días después del Mundial de Fútbol en 2014, en donde ya se comenzaban a ver las protestas por el aumento del costo del transporte. Luego de la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, se intensificaron las protestas generalizadas en contra de la corrupción, producto de los escándalos de los casos conocidos como “Mensalão” y “Lava Jato”.

Sin dudas que la noticia de que se ha iniciado el proceso de juicio político o ‘impeachment’ en contra de Dilma ha vuelto a colocar en la palestra internacional la fortaleza de las instituciones democráticas de Brasil, sobre todo por su capacidad para superar esta prueba. Primero, a nadie debe sorprender que a los presidentes brasileños se les acuse de ‘impeachment’. Ese es su diario vivir.

“Piel de cocodrilo” Para ser presidente de Brasil, su piel debe ser de cocodrilo y tener la suficiente resistencia para enfrentar la cantidad de iniciativas para sacarle del poder, no a través de elecciones, sino por medio del enjuiciamiento político.

Importante destacar que la Constitución de Brasil le confiere el derecho a cualquier ciudadano o a un partido político de presentar la solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados.

Todos recordamos que Fernando Collor de Mello, el primer presidente electo en 1990 por la vía democrática después de la dictadura militar, no pudo concluir su mandato, pues fue objeto de un juicio político, y justo antes del día de la votación en el Congreso, ya aislado y asediado, renunció de la presidencia en 1992. Fue su vicepresidente, Itamar Franco, el que concluyó su mandato en 1994.

Los brasileños eligieron en 1994 a Fernando Henrique Cardoso, quien gobernó por ocho años, siendo el primer presidente reelecto en la democracia moderna de Brasil. Pero, contra Cardoso, hubo catorce pedidos de juicio político, trece de los cuales sucedieron en su segundo mandato. Todas las peticiones de ‘impeachment’ fueron archivadas debido a que Cardoso pudo evitar que las mismas fueran conocidas en el plenario de los diputados.

En 2002, gana el presidente Lula las elecciones, e inicia el período del Partido de los Trabajadores (PT) en el Gobierno. Durante sus dos períodos como gobernante, Lula recibió treinta y cuatro pedidos de juicio político. De esos, treinta y tres fueron solicitados por ciudadanos, y solo uno fue presentado por un diputado de un partido de oposición. Lula salió ileso de estos intentos de “impeachment”, pues fueron archivados también.

Concluido el mandato de Lula, fue juramentada como presidenta de Brasil Dilma Rousseff, de su mismo partido, el PT, en 2011, siendo reelecta y juramentada en 2015. En su primer período, Dilma enfrentó diez solicitudes de juicio político, de los cuales nueve fueron solicitados por ciudadanos, y uno solo por petición de un senador de oposición. Todos estos pedidos fueron archivados.

En otras palabras, en la democracia moderna brasileña se han presentado cincuenta y ocho pedidos de “impeachment”, todos archivados, con excepción del caso de Collor de Melo. Sin dudas, es impresionante cómo la lucha por el poder se traslada al foro no democrático en búsqueda del desplazamiento de la autoridad legítimamente electa. Es una versión actualizada de los golpes de Estado constitucionales, solo que Brasil tiene una fuerte institucionalidad que ha resistido estas maniobras políticas.

La situación actual de Dilma se asemeja bastante al segundo mandato de Cardoso, guardando lógicamente las distancias. Pero, contra Cardoso, fue el PT el que motivó y alentó su último proceso de enjuiciamiento político en 1999, lo cual, como hemos visto, no tuvo éxito.

Ahora, la cara de la moneda se ha puesto al revés, y es la propia presidenta Dilma la que recibe la embestida de la oposición y de sus aliados electorales, de manera especial, del Partido del Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB), de cuya organización es el actual Vicepresidente de la República, Michael Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Da Cunha, este último acusado de corrupción en el caso “Lava Jato”.

El verano de Dilma La acusación contra Dilma en la actual solicitud de juicio político es que, se alega, ella hizo “maniobras fiscales para ajustar las cuentas de su Gobierno en 2015”, lo que viene antecedido de que, por primera vez, el Congreso rechazó el informe de las cuentas de su gestión. Ese es el eje de la acusación, dentro de un complejo tinglado político.

Por la conformación de las alianzas electorales en Brasil, se da un escenario que no es habitual en otras democracias. El PT es el partido que gobierna, siendo la principal fuerza política brasileña, pero no tiene mayoría en el Congreso. Depende fundamentalmente de sus aliados para aprobar sus iniciativas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Su posición es más delicada, si su principal aliado, el PMDB, es el que está, en cierta medida, permitiendo o aupando el actual proceso de juicio político.

El vicepresidente del país, Michael Temer, no le disgusta ser presidente, como lo fue Itamar Franco, en su momento, y nótese que no ha emitido ninguna declaración en respaldo a la presidenta Dilma. Los que han visto la serie “House of Cards”, tendrán muy presente al político Frank Underwood, en su afán por ser presidente, cueste lo que cueste.

Agrava más la situación de Dilma el deterioro de la situación económica de Brasil, y los casos de corrupción que enfrenta su propio partido como es el caso de “Lava Jato”, que involucra a Petrobras. En Brasil, el Poder Judicial es independiente. No hay pactos de impunidad que se le impongan a los jueces.

En la medida en que pase el tiempo, su alianza electoral se debilitará, por lo que el tiempo va en su contra. Al igual que Cardoso en 1999, Dilma debe lograr que, ahora que tiene aún la mayoría de sus aliados, ganar las votaciones que ocurrirán en la Cámara de Diputados que designará una Comisión Especial de sesenta miembros para decidir sobre el juicio político, y cerrar este capítulo. No está claro que pueda hacerlo.

¿Logrará Dilma las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para evitar el ‘impeachment’? ¿Terminará Dilma su segundo mandato para lo cual fue electa? Los próximos días, en un verano brasileño que estará muy caliente en la arena política, demostrarán su talante democrático. Ella ha hecho hasta el momento lo correcto. Dar la cara. Enfrentarlo con dignidad y con grandeza, como hacen los sobrevivientes de la política.

ZOOM

Deterioro de la economía

Agrava más la situación de Dilma el deterioro de la situación económica de Brasil y los casos de corrupción que enfrenta su propio partido, como es el caso de “Lava Jato”, que involucra a Petrobras. En Brasil, el Poder Judicial es independiente. No hay pactos de impunidad que se le impongan a los jueces.