LEANDRO GUZMÁN
Hace mucho tiempo que la sociedad dominicana está estremecida por los diversos casos de corrupción, la debilidad de la Justicia, el desfalco de los bienes del Estado y la delincuencia común, caracterizada por asaltos o atracos y violaciones de todo género. Es raro el día que los medios de comunicación no reseñen la comisión de delitos que tienen que ver con estas sistemáticas violaciones de la Ley, sin que la misma sea aplicada a todos por igual.

La gente parece cansada de esperar que los responsables de tales crímenes y delitos sean sancionados como se debe, lo que ha generado un pesimismo que amenaza con socavar las mismas bases de la sociedad, de paso acogotada por problemas económicos de difícil solución.

Esa desesperanza, esa desconfianza en la Justicia y en los mecanismos para controlar el delito, ha llevado a muchos a pensar que en el país se necesita «un hombre fuerte», «una mano dura», que ponga fin a todo ese desorden que cada día adquiere nuevas facetas, pues los violadores de la Ley se perfeccionan cada vez más para cometer sus crímenes, ora mediante argucias legales, ora a través de métodos diferentes para su realización, otros para salir airosos de cualquier apuro mientras la sociedad luce impotente, sin alguien que la defienda.

Es verdad que la Justicia, en sentido general, trata de modernizarse, con la selección de jueces probos que sepan interpretar fielmente lo que dicen los textos legales, pero que además sean justos a la hora de sancionar a los responsables de los crímenes y los delitos. Sin embargo, hay que admitir que para alcanzar una Justicia sin ataduras de ningún género, se requiere de un tiempo prudente, pues hasta ahora nos hemos acostumbrado a una Justicia complaciente y vinculada a sectores políticos.

La situación más preocupante de todo esto es que los partidos políticos tradicionales no han podido responder a las expectativas de campañas electorales creadas por sus líderes, que precisamente por haberle fallados a los electores, se han visto afectados por una creciente desconfianza. Es decir, todos han comenzado a perder credibilidad ante la opinión pública, que espera todavía que actúen de un modo diferente.

Entonces mucha gente se pregunta, ¿de dónde es que surgirá «el salvador» que ponga coto a esa situación?

Se barajan algunas nombres, con antecedentes no solamente académicos, sino como una trayectoria «de mano dura», contrastante con otros que tienen una límpida hoja de servicios, pero cuya honestidad personal y sentido democrático no les permiten aplicar «la mano dura», en el entendido de que esas posiciones no les garantizan adeptos, especialmente de aquellos que no tienen como norte el respeto a la Justicia y demás instituciones cuya misión es proteger los derechos de los ciudadanos.

Es verdad: el país necesita fortalecer el imperio de la Ley. No la Ley de la macana, ni la de otro tipo de represión, sino la que tiene que ver con la protección de los derechos civiles, la Ley de la toga y el birrete. La población está cada día más angustiada al ver que gente con cuestionables antecedentes de moralidad, de falta de respeto a la convivencia civilizada y caracterizadas por golpear sin dialogar, quieren ahora convertirse en «salvadores de la República», en una risible emulación del dictador Rafael Leonidas Trujillo, a quien sus alabarderos trataron de justificar como el gobernante que impondría el orden y la paz en 1930. Efectivamente, Trujillo impuso la paz, pero la paz del cementerio, con sus crímenes y latrocinios. Impuso el imperio de la Ley, a costa del sacrificio de las libertades públicas, los Derechos Humanos, la democracia y la Justicia. ¿Es alguien así que algunos buscan ahora?

Hoy día, también hay que reconocerlo, muchos de los males que tienen que ver con la aplicación de la Ley se fundamentan en torcidas interpretaciones de textos legales, a menudo confusos. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un contrabandista, para poner un ejemplo, pueda negociar impunidad simplemente al acordar con las autoridades que va a pagar los impuestos evadidos, sin que se revele su nombre, sin que tenga por lo menos un paredón moral, ni se garantice que no va a volver a incurrir en ese delito, que a lo mejor venía arrastrándose desde hace muchos años?

Negociaciones de ese tipo no hacen más que fomentar el delito, pues cualquier violador de la Ley, consciente de que tiene abierta esa puerta, puede continuar con sus torcidas conductas, a sabiendas de que más tarde que temprano, podrá negociar su impunidad.

En este país, cuyos ciudadanos participaron en 1962 en unas elecciones libres y limpias para elegir un Gobierno democrático, sin mucha experiencia en ese campo tras 31 años de tiranía, no es verdad que se necesita una «mano dura» por la cual abogan minorías reaccionarias que no se ajustan a los tiempos que vivimos.

Hay que enfrentar, contundentemente, las aviesas intenciones de quienes pretenden imponer «la paz del garrote», eliminadora de toda disidencia.

Es una responsabilidad privada y gubernamental, que incluye a todas las instituciones y los Poderes del Estado, hace cumplir cabalmente la Ley, sin distinción alguna, para evitar que proliferen las voces que desearían que la Nación dominicana vuelva al pasado, en desmedro de las precarias conquistas democráticas que hemos logrado, luego de tantos sacrificios de miles de luchadores por la libertad, gracias a cuya sangre derramada hoy día hay un Gobierno Constitucional. Es preferible una democracia con debilidades donde impere la Ley, que otra que se fundamente «en la mano dura», principal característica de aquellas que pretenden imponerse por las botas, en lugar de los votos.