POR MARIO MENDEZ
El empresario Manuel A. García Arévalo, presidente Ejecutivo de Embotelladora Dominicana, C. Por A, dijo ayer que el impuesto selectivo al consumo de 25 por ciento sobre el precio de venta de la venta de bebidas alcohólicas de producción nacional que utilicen jarabe de maíz no podría ser aplicado si las empresas productoras se establecen en la zona fronteriza para beneficiarse de los incentivos de la Ley 28-01.

García Arévalo explicó que por esa razón ese impuesto no implicará en la práctica una protección efectiva a favor del sector azucarero nacional, en contra de las importaciones de dicho edulcorante desde los Estados Unidos.

«Bastaría con establecerse en una de las siete provincias fronterizas que se encuentran favorecidas con las exenciones fiscales que se mantienen vigentes en la Ley No. 28-01 de Desarrollo Fronterizo, para lograr acceso libre de impuestos a dicho insumo, o lo que es peor podría importarse libre de impuestos el azúcar de caña del mercado mundial, lo cual generaría mayores daños a la industria azucarera nacional que las importaciones del sirope de maíz», explicó.

García Arévalo advirtió que entre los incentivos fiscales previstos en la Ley No. 28-01, se encuentran la exoneración de todos los impuestos que recaen sobre la importación de materias primas e insumos intermedios utilizados por las empresas establecidas o por establecerse en la zona fronteriza, así como todos aquellos impuestos que recaigan sobre el precio de venta del producto, por lo que bastaría que las empresas que elaboren refrescos de fabricación nacional se instalen en la frontera para que puedan utilizar como materia prima edulcorante el jarabe de maíz de alta fructosa sin estar sujetas al nuevo gravamen.

Explicó que «en vista de que el azúcar del mercado mundial se cotiza a precios mucho más bajos que los del sirope de maíz de alta fructosa, bajo el esquema de incentivos dispuesto para la frontera resultaría altamente rentable producir bebidas gaseosas utilizando azúcar importada del mercado mundial».

«Esta realidad constituye el verdadero desafío que podría amenazar la supervivencia del sector azucarero nacional, el cual destina cerca del 40% de su producción a suplir las necesidades de la industria de bebidas gaseosas», agregó.

El industrial del sector de los refrescos explicó que la situación de vulnerabilidad que enfrenta la industria azucarera nacional en el marco de la Ley No. 28-01 se hace extensiva a otros sectores nacionales que producen materias primas y bienes intermedios utilizados por la industria nacional».

Exhortó al Congreso Nacional, como poder del Estado encargado de elaborar las leyes de la nación, a replantear el esquema de incentivos previstos en la Ley 28-01 de desarrollo fronterizo, para que a la vez que facilite las inversiones en la frontera, elimine los privilegios fiscales vigentes que promueven la discriminación y la competencia desleal, «con lo cual sin lugar a dudas, se promoverá de manera mucho mas efectiva el desarrollo económico integral de la nación».

Consideró, además, que los incentivos fiscales previstos en la Ley No. 28-01 constituyen en la práctica en odiosos privilegios que van en detrimento de las empresas instaladas fuera del territorio fronterizo y que se traducen en una competencia desleal que amenaza la continuidad de las actividades empresariales de un grupo importante de industriales nacionales, los cuales a diferencia de aquellos que se benefician de la ley, contribuyen de manera regular al pago de todas sus obligaciones tributarias

Reconoció, la importancia que reviste el atender las necesidades de desarrollo de la región fronteriza, en virtud de las condiciones de desventaja relativa que esta zona exhibe comparada con otras áreas geográficas de la nación, por lo que consideró necesario el impulsar una alternativa legislativa tendente a garantizar el avance económico y social de la frontera, siempre y cuando no mantenga distorsiones fiscales que promueven la evasión fiscal, la inequidad contributiva y la competencia desleal, «todo lo cual provocaría la desaparición de aquellas empresas que no puedan afrontar los grandes costos que significaría el traslado de sus operaciones a la zona fronteriza, con las consecuentes perdidas tributarias que esto generaría para el fisco, en momentos en que el Estado Dominicano requiere de mayores ingresos para afrontar sus obligaciones».