ESPECIAL PARA HOY

En una comparecencia oficial ante el Congreso Nacional, el 27 de febrero de 1978, luego de haber logrado la cuarta nominación de su partido, el presidente Joaquín Balaguer ofreció para un próximo período de Gobierno, “no el Gobierno que me han impuesto hasta ahora las circunstancias, sino el que llevo desde niño prendido a lo más limpio de mis sueños y a lo más puro de mis ideales como hombre público y como dominicano”.

Cuando aspiró a una primera repostulación, en 1970, el dirigente político argumentó que “preciso de un nuevo período de cuatro años, para consolidar y fortalecer nuestro sistema democrático”, y más tarde, en el 1974, priorizó una sugerencia del distinguido ciudadano, licenciado Enrique Apolinar Henríquez, para que aceptara “el compromiso de optar por una tercera repostulación. En términos similares a los de don Quiqui, según Balaguer, se expresaron tres notables profesoras, entre las cuales estaba la licenciada Urania Montás.

Como compañero de boleta Balaguer escogió al licenciado Fernando Álvarez Bogaert, en sustitución del licenciado Carlos Rafael Goico Morales, pero el primero hubo de renunciar por fuertes desavenencias de dirigentes reformistas y presiones del alto mando militar, que llegaron a manifestar públicamente su oposición a que el exministro de Agricultura y exdirector del Consejo Estatal del Azúcar fuera el compañero del líder reformista.

La oposición contra Fernando fue tan grave y delicada que, mientras el político se encontraba en campaña proselitista en la sección Quinigua, de Santiago, fue contactado y trasladado violentamente en helicóptero a Santo Domingo. El mismo Alvarez Bogaert divulgó en un programa de TV que en el trayecto, un general de apellido Disla, le habló de las pretensiones de sus opositores, al extremo de que estaban dispuestos hasta a sacrificarlo físicamente. Tiempos después Fernando pasó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y llegó a ser compañero de boleta del doctor José Francisco Peña Gómez. Luego asumió la dirección del denominado Partido de la Unidad Democrática.

En las accidentadas elecciones de 1978, por vez primera se puso a prueba el Registro Electoral, pero reclamos de los dos principales partidos que participaban en la contienda, el Partido Reformista (PR) y el PRD, convencieron a la Junta Central Electoral que permitiera que los ciudadanos cuyos nombres no aparecieran en los listados de votaciones pudieran sufragar observados en la mesa consignada en su certificado de inscripción, previa presentación de la cédula de identidad.

En las primeras horas de la noche del 16 de mayo se podían escuchar, a través de la cadena radial y de TV “La Voz de la Junta Central Electoral”, los resultados que iban arrojando los cómputos en las mesas electorales. Pasadas las 4:00 de la madrugada del siguiente día 17, la Junta suspendió abruptamente el conteo de los votos cuando tropas del Ejército, con traje de faena, ocuparon su local y solicitaron “amigablemente” a los presentes abandonar el lugar. A esas alturas el PRD lucía ganador en el Distrito Nacional y en una veintena de lugares. Los funcionarios de la junta del Distrito Nacional fueron sacados por la fuerza del edificio que ocupaban, y la misma acción represiva se registró en La Romana, Moca, Barahona y Santiago.

El país vivía un ambiente sombrío e inquietante que se disipó después que personalidades internacionales y naciones amigas llamaran al presidente Balaguer a respetar la integridad del proceso. Entre las personalidades que se dirigieron al gobernante estaban el presidente Jimmy Carter, el secretario de Estado Cyrus Vance, así como el presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

El estado de confusión fue cambiando después que Balaguer anunciara a la nación que entregaría el poder a quien resultara electo en las urnas. Se reanudó el conteo de los votos y antes de finalizar el mes de mayo los cómputos provisionales dados por la JCE aseguraban el triunfo del PRD, y de sus candidatos Antonio Guzmán y Jacobo Majluta.

A principios de junio el Partido Reformista solicitó elecciones complementarias alegando que por un “trastrueque o dislocamiento” de los listados del Registro Electoral se impidió a más de 630 mil sufragantes inscritos votar en las mesas electorales que les correspondían “al no encontrarse sus nombres”. El PRD, en cambio, pidió el rechazo afirmando que “la disposición de la Junta de votar en sobres observados rebasaba cualquier intención producto de las supuestas irregularidades”. El encargado de Cómputos de la Junta y otros empleados fueron detenidos por sospecha. Los doctores Marino Vinicio Castillo, por el PR, y Salvador Jorge Blanco, del PRD, al igual que otros conocidos juristas, tuvieron participación destacada en estos procedimientos.

Dos técnicos chilenos, Martin Borack y Ricardo Guidach, fueron contratados por la JCE para que investigaran la existencia o no de las anomalías denunciadas por el PR, pero tuvieron que abandonar rápidamente el país debido a las presiones recibidas

Después de conocer y fallar decenas de recursos de apelación, la Junta emitió un fallo final destinado a resolver los asuntos que le habían sometidos, la mayoría de los cuales fueron rechazados. El tribunal admitió recursos del PR sobre decisiones de las juntas municipales de El Seibo, La Altagracia, Baoruco y María Trinidad Sánchez, asumiendo que en esos lugares “se cometieron graves irregularidades que impidieron votar a numerosos electores”. En consecuencia, y tomando como base el número de supuestas abstenciones, y después de un descuento de un diez por ciento, se atribuyó la mitad del resultado al Reformista, medio por el cual se asignaron a la organización cuatro senadurías adicionales y una diputación, lo que le permitió el control del Senado.

El PRD llevó la decisión de la Junta, conocida como el “fallo histórico”, a la Suprema Corte de Justicia, para que fuera anulada, pero el tribunal se declaró incompetente para ordenar la medida. La SCJ también descargó a los miembros de la JCE sometidos por los Partidos Demócrata, Popular, Unión Cívica Nacional, Movimiento Nacional del Pueblo y otras entidades, por “perjurio, exceso de poder y otras infracciones a la ley penal”.

A fines de julio la Asamblea Nacional proclamó a Antonio Guzmán y Jacobo Majluta como presidente y vicepresidente electos de la República, mientras la JCE terminó adjudicado al PR 16 escaños en el Senado y 43 en la Cámara de Diputados, y al PRD 11 curules senatoriales y 48 diputados. Asimismo, para el primero, 48 síndicos y 255 regidores, con dominio en 48 municipios; y para el segundo 36 síndicos y 230 regidores, con dominio en 36 municipios.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional publicaron el 12 de mayo, cuatro días antes de la transmisión pacífica del mando constitucional, un comunicado anunciado su “estricto apego a las normas constitucionales y apoyo irrestricto a la resolución de la Junta Central Electoral del 7 de julio recién pasado”. Así concluyó el ciclo-histórico electoral 1966-1978.