El indeclinable amor al empleo público

El indeclinable amor al empleo público

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Como en cada inicio de gobierno asistimos al espectacular drama del desbordamiento de las presiones por alcanzar aunque sea una esquinita del pastel de la administración pública por parte de decenas de miles de militantes y simpatizantes del partido triunfador y sus aliados que «se fajaron en la campaña».

Una buena parte de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no han podido escapar a esa tentación y en estos días invaden oficinas públicas, desde el Palacio Nacional hasta la más humilde de las direcciones generales, en busca de una colocación en el tren gubernamental.

Una Comisión de Empleo creada en el período de transición ha sido tan obviamente desbordada que el jueves se pidió a los organismos del PLD que envíen las solicitudes de colocación directamente a las instituciones gubernamentales correspondientes. Allí se encargarán de abrir espacio a los que quepan y decir a la mayoría que no hay vacantes. Pero mientras tanto se desconcentrará la presión que sufren Danilo Medina, Lidio Cadet y los demás comisionados para el empleo.

Según se puede interpretar de las expresiones de Cadet, tal como las transcribe El Caribe del viernes, las posibilidades están en franco agotamiento.

Llamó la atención que el exsecretario general del PLD dijera que ya la comisión «resolvió el problema del Comité Central, donde alrededor de 100 de los 300 miembros no habían sido designados en posición gubernamental, así como el de los miembros de las subsecretarías».

A decir verdad nadie podía creer que los 300 miembros del máximo organismo peledeísta tuvieran necesidad de un empleo gubernamental, a no ser que sea la única forma de engrandecer la nación.

Como un partido de clases medias, se pretendía que muchos dirigentes del PLD eran exitosos abogados, médicos, ingenieros, empresarios y técnicos en la más diversa variedad disciplinaria, con ingresos superiores a los 37 mil 500 pesos mensuales que cobra un secretario de Estado, o de los 30 mil que corresponde al subsecretario, o los 22 mil 500 del director general, o los 18 mil 750 que quedan al subdirector, en todos los casos después que les deducen el 25 por ciento del impuesto sobre la renta.

Ahora como antes se ve a empresarios y profesionales acomodados empeñados en conseguir un asiento en el tren del gobierno, lo que remite irremisiblemente a los tráficos y comisiones a los que históricamente son vinculados los cargos ejecutivos oficiales. 

Si eso ocurre en los altos niveles de la política y en uno de los partidos con más prédica de la ética, se puede explicar con facilidad que en los niveles medios y bajos se produzcan arrebatos y asaltos a oficinas públicas como se ha registrado en varios lugares del país en los días recientes, y que la incertidumbre y la agitación hayan paralizado durante dos semanas algunos ámbitos de la administración pública.

Desde luego, no es tampoco que la repartición se haga con plena equidad, sino que se hace presente en función de la predominancia grupal, para el futuro,  como lo denunció el mismo jueves y en la misma página de El Caribe el senador José Tomás Pérez, y lo han hecho con anterioridad los seguidores del doctor Jaime David Fernández.

La ocurrencia nos remite dramáticamente al problema de la hipertrofia en la administración pública que creció en 47 mil empleados durante la anterior gestión del PLD y en más de 60 mil en la reciente del PRD, para bordear los 400 mil empleos.

El presidente Leonel Fernández, como sus antecesores y él mismo hace 8 años, ha comenzado su gestión con la sana intención de reducir la nómina estatal. Esta vez se ha dicho que por lo menos en 80 mil, cosa que obviamente quedará una vez más en promesa, si se atiende al número de los que reivindican sus méritos para ocupar un asiento del tren.

Por eso ya el presidente ha comenzado a vulnerar las promesas concretas de su discurso inaugural. Ya no está designando sólo los dos subsecretarios que establecen las leyes orgánicas. En Interior y Policía, Deportes y Turismo van ocho, siete y seis. En Miami son 5 los vicecónsules designados en un solo decreto. Y numerosos los secretarios de Estado sin cartera. Y aún así las presiones son infernales.

¿Qué hacer? La situación es verdaderamente dramática. Todos convenimos en la necesidad de reducir la hipertrofia nominal, pero nos conformaríamos siquiera con que sea congelada. Pero de nuevo ponemos en duda.

Son demasiado los dominicanos y dominicanas que cifran sus expectativas de ascenso económico y social en un empleo público, con remuneración tan ridícula que un secretario de Estado cobra menos de mil dólares. No hay manera de pretender que en las actuales circunstancias este u otro gobierno pueda prescindir de la repartición.

Lo único que nos queda de esperanza es plantear la necesidad de cambiar la forma de hacer política, reducir la extensión y el costo de las campañas electorales, o que un presidente llegado al poder decida jugárselas todas a cumplir las hermosas promesas de la campaña, en función del supremo interés nacional.

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