LEANDRO GUZMÁN
En un artículo anterior dijimos que las elecciones congresuales y municipales del pasado 16 de mayo fueron ganadas por el presidente Leonel Fernández, sin entrar en detalles sobre las irregularidades cometidas, que siempre las hay. Entonces sostuvimos que “la participación directa del presidente Fernández en apoyo a los candidatos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, fue un factor decisivo para que se produjera un cambio en la composición del Congreso, aunque es prematuro saber si realmente los nuevos legisladores impulsarán los cambios que requiere la Nación dominicana”.

Como se puede apreciar, fueron candidaturas de arrastre, por el carisma y la habilidad política del Presidente, quien se trasladó a todos los puntos vitales del país donde el PLD parecía disminuido en su potencia electoral, por un vacío de liderazgo existente, en vista de que los candidatos a cargos electivos no reunían las condiciones suficientes como para convencer al electorado de que votara por ellos. Es decir, se produjo un “arrastre electoral”.

Esto fue precisamente lo que en el pasado se trató de evitar al separar las elecciones generales con las congresuales y municipales, de manera que se estableció constitucionalmente que ambos eventos no coincidieran. Eso se hizo, según se dijo entonces, para fortalecer la institucionalidad democrática, porque el Presidente de la República generalmente ha opacado las figuras de los demás candidatos a senadores, diputados y síndicos.

Sin embargo, la realidad demostró que la separación de las elecciones en nada contribuyó a evitar la influencia de los liderazgos. Un hecho palpable ocurrió el 16 de mayo de 1998, cuando un enfermo líder -el doctor José Francisco Peña Gómez- hizo su campaña y, tras su sentida muerte, aún así arrastró a su partidarios y a otros que no lo eran para que votaran por el PRD. Se dirá que fue “un voto emocional”, pero como quiera que sea el liderazgo de Peña Gómez fue decisivo para que el PRD obtuviera la mayoría en ambas cámaras legislativas, ahora bajo el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la campaña que a su favor hizo personalmente el Presidente Fernández.

Si uno lo analiza fríamente, la separación de las elecciones no significa más que un gasto inútil, por las inversiones millonarias que cada Partido tiene que hacer, aparte de que paraliza la resentida economía. Esto es independiente de que gran parte de esos dineros provienen de las asignaciones que hace a los Partidos la Junta Central Electoral (JCE), que finalmente son recursos del pueblo dominicano, que es quien paga los impuestos.

En las actuales circunstancias, el país no puede darse el lujo de realizar hoy unas elecciones presidenciales y dos años después otras elecciones para elegir a los senadores, diputados, síndicos y regidores. Son muchos los recursos económicos que hay que utilizar en medio de la algarabía electoral, durante la cual funcionarios en ejercicio siempre buscan la forma de utilizar los dineros del Erario Público para favorecer a los aspirantes de sus partidos, cuando no a sí mismos si son candidatos.

Nosotros concebimos la democracia como un servicio público, para cuyo logro el Estado tiene el deber de ayudar a las organizaciones políticas. Pero hacerlo con elecciones intermedias, se ha demostrado que es sencillamente un derroche de recursos.

En razón de que es inminente una enmienda constitucional, creemos que es hora de que se establezca retornar al sistema anterior, es decir que las elecciones presidenciales sean simultáneas a las congresuales y municipales, aunque parezca que esa vuelta al pasado fuera contraproducente. Es lo contrario, pues la realidad demostró que al estar separadas, hubo una gran abstención a la hora de que el pueblo tuviera que escoger a sus representantes legislativos y municipales.

La idea es que a partir de 2010 los congresistas, síndicos y regidores sean escogidos por dos años, lo que permitiría que en 2012 volviera el período de cuatro años que igualmente correspondería al nuevo Presidente de la República en esa fecha. Hay que tomar en cuenta que eso garantizaría que los candidatos electos el pasado 16 de mayo completen su período, que precisamente termina en el 2010.

Habría que ver cuál sería la actitud de los senadores y diputados que asumieron este 16 de agosto, la mayoría de los cuales comienzan su ejercicio con un criterio triunfalista, tal como actuaron los legisladores salientes, que dicho sea de paso terminaron su período seriamente cuestionados al aprobar contratos y pensiones al vapor, sin tomar en cuenta los cuestionamientos de la opinión pública.