JOSÉ ALFREDO PRIDA BUSTO
En estos días, noticias aparecidas en los diarios y declaraciones de miembros de la llamada sociedad civil han irritado las delicadísimas superficies epidérmicas de algunos políticos. Corazas que, sin embargo, no parecen ser afectadas por los mosquitos cuando se declaran epidemias de dengue y «tonterías» similares. Un regidor por aquí, otro legislador por allá, han protestado, muy ofendidos,  por informaciones que se han publicado sobre sus supuestos tejemanejes, asignación de suelditos y demás cosas típicas del gremio.

Es muy común ver sus protestas de honestidad (verticalidad, como les gusta decir a algunos con cierto dejo de pretendida intelectualidad) e idoneidad para los cargos de los que son responsables para el bien de todos.

Son sus palabras. Sin embargo, en no pocos casos, los hechos hablan de modo diferente. Algunos pueden llegar a decir que no son todos ellos los que están involucrados en las acciones de las que se habla, las que ya la mayoría de la gente da como un hecho innegable. Pero es muy raro oír a las minorías pulcras y diáfanas denunciar cualquier cosa incorrecta que puedan hacer los otros. Y en ese caso, viene a la mente el término complicidad. Tan culpable y punible como el acto en sí.

Saco esto a colación por un artículo aparecido en la edición del pasado mes de diciembre de la revista Selecciones. Es la visión del famoso escritor Augusto Roa Bastos de una catástrofe ocurrida en su ciudad natal, Asunción, capital de Paraguay. Se titula «El infierno más temido». Hay que leerlo. Ofende de manera lacerante el irrespeto olímpico al ser humano que sobresale claramente en los hechos que relata el autor. Narrador excelente, nos hace sentir profundamente su rabia y su dolor. ¿El tema? El pavoroso incendio en un supermercado abarrotado de personas que provocó cientos de víctimas mortales.

Y eso me puso a pensar en mil cosas que han sucedido y suceden aquí. Algunas no de la gravedad de las que se leen en el artículo mencionado, pero no por ello menos irritantes. Irregularidades que nos hacen cargar con toda una serie de incomodidades, que pueden ocasionar desastres de graves consecuencias y que generan problemas sin fin con vistas a un futuro del que nadie parece preocuparse como Dios manda.

Recordé el caso de aquel edificio que hace un tiempo se derrumbó en la ciudad de Santiago. Aparentemente nadie supervisó la construcción y en un momento determinado se vino abajo. En casos como ese, ¿son los responsables castigados y los afectados resarcidos con justedad? Pero antes que eso: ¿quiénes son los responsables? Adolecemos de una serie de problemas que pueden ser achacados a la irresponsabilidad y a la corrupción de los encargados de aprobar proyectos, conceder permisos y supervisar ejecuciones.

Por ejemplo. Lugares públicos con gran afluencia de personas, que no cuentan con las facilidades de estacionamiento mínimas requeridas de acuerdo al número de visitantes que reciben. Puede ser cualquier edificio, privado o gubernamental, incluyendo esos hormigueros llenos de locales arracimados, ubicados en los más inverosímiles sitios, llamados comúnmente centros comerciales. Generalmente, además, esos lugares no cuentan con personal de mantenimiento para escaleras, baños, ascensores si los hubiera, etcétera.

Tenemos ciudades con enormes cantidades de vehículos, cuyo crecimiento nunca ha podido ser controlado, circulando por calles que se han ido abriendo como a lo loco. Sin ninguna planificación y, muchas veces, atendiendo única y exclusivamente a las necesidades propias de tal o cual compañía urbanizadora. Mi problema resuelto, que se las averigüen los demás.

Segundas, terceras o enésimas plantas que se construyen sobre edificios viejos no solo poniendo en peligro la estabilidad de los mismos, sino afeando en muchos casos el ambiente circundante. A veces se juega con construcciones de valor histórico sin que los intereses culturales puedan vencer a los económicos.

Estaciones de expendio de combustibles edificadas en zonas muy pobladas, a veces contraviniendo las disposiciones de distancia debida con otras estaciones, u ocupando áreas originalmente designadas como verdes.

Edificios construidos de acuerdo a especificaciones diferentes a las que figuran en la documentación que se presentan para aprobación. Muchos hemos comprado propiedades, casas o apartamentos, llevándonos de lo que dicen los planos de construcción. Posteriormente, al presentarse un problema cualquiera, nos damos cuenta de que las tuberías de agua o la instalación eléctrica están de cualquier forma menos como figuraban en los famosos papeles.

Casos hay por montones. No se ven soluciones a corto plazo. La corrupción no es una señora de propiedad exclusiva. Es más bien pública. No quito ni un ápice de responsabilidad a quienes engañan a los demás ni a los que tientan con sobornos a las autoridades. La tienen y muy grande. Pero los señores y señoras que aprueban esos proyectos cargados de «detallitos» y que conceden los permisos para la ejecución de los mismos son los que ocupan ciertos cargos en los que se supone que deben velar por el bienestar de sus conciudadanos. Y sólo acceden a esos cargos los políticos. ¡Curiosa coincidencia!