El informe

En el informe anual presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el renglón Derechos Humanos, se estima que en República Dominicana la discriminación en contra de los emigrantes haitianos y sus descendientes es generalizada.
¡Qué barbaridad!, siempre viendo la paja en el ojo ajeno, sin detenerse a pensar que tienen una viga dentro de los suyos. Hace apenas cinco días, un juez en Miami dictaminó que se violaron los derechos de un inmigrante haitiano indocumentado, quien fue retenido en una prisión del condado Miami-Dade, Estados Unidos.
El apresamiento del inmigrante haitiano, como muchos otros, forma parte de las medidas migratorias severas del presidente Donald Trump, merecedor de que se le apliquen las normas de los derechos humanos en torno a los emigrantes en su país, que hoy más que nunca se ven amenazados con deportaciones y cárceles, no sólo indocumentados, sino también muchos que tienen sus papeles al día.
Una de las teorías de Trump es que para acoger nuevos emigrantes hay que deportar primero a los que han llegado.
Actualmente, los Estados Unidos no puede darse el lujo de acusar a nadie de violar los Derechos Humanos. Hablar de Derechos Humanos en cuanto a migración se refiere, tienen un presidente que si lo dejan, deportaría a millones, entonces, no se puede a cada rato estar señalando a otros países de “discriminación generalizada”, que despierta odios y rencores entre vecinos.
Otros puntos, que se exponen, sí están ajustados a la verdad, a nuestra realidad. Por ejemplo, que la justicia dominicana desestima los casos de corrupción y que el Gobierno dominicano no ha dado informes generalizados de la corrupción e impunidad oficial, especialmente en relación con los funcionarios de rango superior. Señala el informe que el poder judicial de nuestro país es un grave problema.
Además, los arrestos y detenciones arbitrarios, los homicidios extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, el hacinamiento en las cárceles, así como la violencia doméstica, los feminicidios, la discriminación de las personas por su orientación sexual y los fracasos en la implementación de un nuevo sistema electrónico de votación.