EDUARDO JORGE PRATS
e.jorge@jorgeprats.com
El “Primer Informe de Observación Electoral Elecciones Presidenciales 2008” preparado por Participación Ciudadana, en cumplimiento de su Plan de Observación Electoral Integral de las próximas elecciones presidenciales, es un serio aporte a la vigilancia ciudadana del desenvolvimiento adecuado del proceso electoral y sus resultados deberían ser tomados en cuenta no solo por la sociedad sino también por la Junta Central Electoral (JCE) y todos los partidos en competencia electoral.

Lo que salta a la vista es una mejora de la calidad e intensidad de la observación electoral. A partir de los notables avances de la administración electoral respecto a los elementos del proceso relativos al padrón de las elecciones, al reclutamiento y entrenamiento del personal de las mesas y a los sistemas informáticos para el cómputo de los votos y el procesamiento de los resultados electorales, todo ello como consecuencia de los traumas electorales y el creciente control ciudadano sobre las elecciones, la observación se centra entonces en otros aspectos cualitativos del proceso como lo es el financiamiento de la campaña y la igualdad de los partidos en el acceso a los medios de comunicación.

Las cifras reveladas por PC hablan por sí solas: el PLD y las entidades públicas suman casi un 75% del total de gastos en publicidad, lo cual equivale a 190 millones de pesos, en contraposición a 36 millones, 19 millones, 8 millones y casi 800 mil pesos para el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la Cuarta Vía y el PAP, respectivamente. Esto es una muestra clara de, como bien expresa el informe, “el uso de recursos públicos en publicidad de claro corte electoral”. Ya decíamos en esta misma columna que ese uso de los recursos estatales, independientemente de que está sancionado por las leyes, altera claramente la igualdad que debe reinar entre todos los partidos en competencia electoral. El informe de PC advierte que esta práctica rompe “el principio de la neutralidad estatal en la actividad política”.

Es importante señalar que no se trata en este caso que el partido gobernante utilice sus legítimos logros en la campaña electoral ni que despliegue campañas de orientación ciudadana. Es que lo que estamos presenciando es sencillamente “propaganda política, acompañada de consignas partidistas, publicadas en páginas de periódicos y en los medios electrónicos”. Y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional alemán: la Constitución prohíbe utilizar “el poder estatal como instrumento para perpetuar en el poder a una mayoría”.

Si a todo esto sumamos el clientelismo propiciado desde el Estado con la desnaturalización de los planes de acción social y el involucramiento de las Administraciones reguladoras independientes en la campaña electoral, no hay dudas que el torneo electoral se celebra en condiciones de franca desigualdad para la oposición. Lo que tenemos es un Estado personalmente ocupado que cesa de ser de todos los ciudadanos en cuanto es usado a los fines exclusivos de beneficiar electoralmente al partido gobernante.

La JCE no debería permanecer pasiva ante esta denuncia de PC. Las leyes son más que claras y expresas y le permiten al árbitro electoral tomar medidas cautelares “con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado” (Artículo 47, párrafo final, de la Ley Electoral).

En cualquier otro país, el informe de PC causaría controversia y revuelo. Pero las energías ciudadanas de los dominicanos han disminuido dramáticamente en estos años de caudillismo y clientelismo. Estamos perdiendo lo poco de decencia que nos queda tras tantos años de mentiras y de vasallaje descarado. En estos momentos, solo nos queda refugiarnos en las islas éticas existentes, en los escasos oasis institucionales, que constituyen un faro en la oscuridad.

El informe de PC es una clarinada para quienes todavía creemos en la posibilidad de construir una nación más democrática y más respetuosa de los derechos fundamentales. Es un alerta que no debe pasar inadvertido para quienes tenemos la gran responsabilidad de hacer realidad el legado de Duarte, Sánchez y Mella. Si es que la palabra patria no es un simple slogan de la publicidad posmoderna y del nacionalismo daltónico que nos acogota.