JOAQUÍN RICARDO
Recientemente, ante un extraordinario despliegue de personas, lo que demuestra una amplia capacidad de convocatoria en el medio social, político, económico y eclesiástico del país, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso en circulación su informe acerca del Desarrollo Humano en la República Dominicana. Se trata de un enjundioso estudio que enfoca diversos aspectos del desarrollo del país en los últimos veinte años, con interesanes resultados.

En estas líneas no me propongo examinar puntualmente los detalles del mismo, ni siquiera los más conflictivos, que existen. Me limitaré a señalar un área no explorada, es decir, lo que estimo es una ligera omisión.

El estudio de marras arroja responsabilidades que recaen, cual manchas oscuras de duda, en todas las áreas sensibles del país.

Los medios de comunicación se han encargado de resaltar los segmentos sociales identificados por el estudio con mayor cuota de responsabilidad, recayendo la mayor parte de la misma en la clase política y en la clase empresarial. Estos dos segmentos son señalados como los principales responsables de nuestra falta de desarrollo. A los primeros se le enrostra el dispendio y la falta de planificación en el manejo de las finanzas públicas y a los segundos les señalan su falta de cooperación al no cumplir con sus obligaciones fiscales.

Nadie puede estar en desacuerdo total con esas aseveraciones. Resulta innegable para cualquier dominicano la verdad y la contundencia de esas afirmaciones avaladas por este sesudo estudio refrendado por el PNUD. Basta pasar revista a los últimos años y nos encontraremos de frente con esa dura realidad. Sólo, pues, nos resta una especie de «mea culpa colectivo» y aprender de estos errores para no repetirlos. Expresaba Marco Tulio Cicerón en sus Filípicas: «De todos es errar; sólo del necio, perseverar en el error».

Hay un aspecto que es al que me quiero referir: Ciertamente, la clase política, una vez en el gobierno, ha malgastado los recursos del fisco, así como los que se obtienen en moneda dura, a través de créditos, empréstitos y donaciones. Lo que nos resulta curioso es el hecho de uqe los organismos internacionales de financiamiento tienen en sus manos los informes necesarios que le permiten conocer, con bastante exactitud, el estado real de nuestra economía, lo que les posibilitaría emitir juicios precisos acerca de áreas económicas tan sensibles como lo serían saber si ya sobrepasamos el límite prudencial de nuestra capacidad de endeudamiento y si poseemos los recursos para poder cumplir nuestras obligaciones de pago con las entidades crediticias internacionales y comerciales.

En este caso no me refiero a la banca comercial extranjera, aunque un informe preciso de nuestra economía avalado por un organismo crediticio internacional pesaría mucho en el ánimo de los bancos extranjeros al momento de aprobar o no un empréstito o en la colocación o no de los denominados bonos. Al proveer esta información dichas instituciones no vulnerarían lo que nos queda de soberanía, palabra y derecho en vías de extinción en este mundo neoliberal y globalizado. Serían, más bien, los organismos internacionales de financiamiento, coherentes en ayudarnos a enrumbar nuestras inversiones en áreas determinantes para nuestro desarrollo.

Desde hace mucho tiempo nuestro Congreso se ha visto compelido, a instancias del Poder Ejecutivo y de los organismos internacionales de financiamiento, a legitimar la denominada Promesa de financiamiento por dineros segregados. Esta frase no es más que el título con que se conoce el interés que los mencionados organismos internacionales de financiamiento le cobran al Gobierno dominicano tan pronto se concerta un empréstito. No importa si el mismo se desembolsa o no. Para los fines de los dineros que paga el contribuyente dominicano, si se ejecuta este empréstito, muy bien, si no tiene los fondos de contrapartida, se sigue cobrando el interés en atención a que se han segregado esos fondos para el país, y no pueden los organismos internacionales de financiamiento darle otro destino.

Ante lo expresado en el párrafo anterior, nos preguntamos: ¿Cuántos préstamos se han facilitado en conocimiento de que no son necesarios para nuestro desarrollo? ¿Qué cantidad de préstamos se habrán otorgado sabiendo que no existen los fondos de contrapartida y, por lo tanto, su ejecución es dudosa? ¿Cuánto habrá pagado el país por ese interés conocido como Promesa de financiamiento por dinero segregado?

Sabemos que no todos los empréstitos otorgados por los organismos internacionales de financiamiento caen en esta categoría. No obstante, creemos que el 80% de los mismos lo hacen.

Resultaría, pues, interesante, que esta variable hubiese sido tomada en consideración por el interesante estudio del PNUD, como otra retranca en nuestro camino al desarrollo.

Ojalá se pudiese corregir esa ligera omisión en tan valioso documento, pues sería una contribución de indiscutible valor para conocer, haciendo acopio de nuestra realidad actual, por dónde debemos conducir nuestras acciones para alcanzar en el orden económico cuanto haga posible un futuro más promisorio y racional para nuestros conciudadanos.