La expulsión por razones políticas de ocupantes de empleos del Estado y áreas descentralizadas ha avanzado preocupantemente como lo demuestra la enormidad de obligaciones de pago por cesantías reconocidas por el propio Gobierno.

Se está alcanzando poco el objetivo de la Carrera Administrativa dirigida a evitar sustituciones arbitrarias e indiscriminadas motorizadas por liderazgos partidarios. Por ese camino, los ingresos fiscales nunca alcanzarán.

Así, en algunos ámbitos públicos se reincide con barridas que no persiguen colocar plantillas en dimensiones razonables sino crear vacantes para otros nombramientos supernumerarios repitiendo la práctica de anteriores triunfadores electorales.

Se resalta la decisión de poner gente a cobrar del fisco sin cuidar las formas, garantizando que ingresaría a los puestos un personal competente, sin atención a bandería, incluidos para contribuir al buen funcionamiento de organismos.

Como empleador, el Estado ha incurrido en excesos anquilosantes y dispendiosos que situaron a República Dominicana entre los países que más recursos dedican a sufragar «servidores» que en realidad buscan servirse, incluyendo nóminas innecesarias en entidades vinculadas al Estado pero regidas con discrecionalidades desproporcionadas.

La invasión irregular de advenedizos del favoritismo político han tendido a restar eficiencia en áreas aeroportuarias y de generación eléctrica, entre otras. Como que en esto, el cambio no va.

El ja, ja, ja de quienes no creen en la voluntad de cambio se hace oír

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