La tradicional falta de institucionalidad en nuestra sociedad, así como la prevaleciente en América Latina y otros países en vías de desarrollo, ha sido un fenómeno coexistente y, en gran medida, el resultado de la falta de confianza entre nosotros como ciudadanos y habitantes de un mismo país.

Esta desconfianza generalizada ha hecho difícil el tránsito hacia una verdadera democracia y hacia una economía más sólida e igualitaria. Nuestra actual crisis a nivel de partidos es una clara señal, no solamente de ambiciones desmedidas, sino por igual del sectarismo que genera la falta de mecanismos fiables para dirimir nuestras diferencias en forma organizada y estructurada. Simplemente no confiamos en las endebles instituciones que hemos creado, y también porque tampoco creemos en los que las dirigen.

Si existe un claro signo de una sociedad organizada y progresista, este es el que corresponde a la forma en que se cambia y renueva el liderazgo político periódicamente. Aunque poseemos todos los elementos de una república moderna, cuyo gobierno es «civil, republicano, democrático y representativo», nuestras rebatiñas y crisis políticas reflejan la gran distancia que media entre lo que decimos y lo que hacemos. No hemos logrado suplantar el caciquismo personalizado por una institucionalidad imparcial y equidistante de los actores. Nuestros partidos políticos, en mayor o menor grado, giran alrededor de personajes que precian más una lealtad incondicional que una genuina y constructiva colaboración. Esta situación ha generado los distintos liderazgos que, en su lucha por el poder, utilizan todos los medios a su alcance para destruir o arrinconar a sus contrincantes.

Ya que los partidos políticos son necesarios para que funcione un sistema democrático moderno, los mismos deben regenerarse para ponerse a tono con los tiempos, o simplemente se extinguirán para darle cabida a nuevas organizaciones políticas. Para recobrar la confianza de la población, nuestros partidos deben mejorar la representatividad y la participación. Por un lado, deben ampliar el abanico de representación de los diferentes intereses que se encuentran en su seno, haciendo más viable el acceso a nuevos liderazgos así como el relevo generacional de sus dirigentes. A este fin, deben abrirse a procesos de elecciones primarias en las que puedan participar sin cortapisa miembros y simpatizantes. Además, la Ley Electoral debe contemplar la regulación de estas primarias para garantizar equidad y transparencia en las mismas. Urge una Ley de Partidos Políticos que sea consensuada por una gran mayoría.

En cuanto a la participación ciudadana, es mucho lo que se puede hacer. En primer lugar, la participación no debe verse como contrapuesta a la representatividad, sino más bien como un complemento que enriquece el sistema democrático, aumentando las posibilidades de respuestas más rápidas y eficaces. Aquí ya tenemos una gran gama de organizaciones no gubernamentales, cuya opinión y apoyo pueden lograrse para que los partidos políticos los utilicen como foros y espacios para acercarse al sentir y el pensamiento de la sociedad civil. El PLD, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), el primer centro de investigación y análisis de políticas públicas dominicano – conocido en inglés como «think tank» – tiene un importante instrumento para conocer los problemas nacionales, actuales y futuros, además de servir como vehículo para la investigación y el desarrollo de políticas públicas ponderadas y ajustadas a la realidad local y mundial. Nos permitimos añadir que la labor de Funglode será fructífera en la medida que actúe apegado a los mejores intereses del país y no como un vehículo partidista o sectario.

El rescate de la confianza del pueblo dominicano por parte de los partidos y líderes políticos requerirá más que las promesas y las cuñas televisivas. Se imponen actuaciones que promuevan la transparencia – como la eliminación de la impunidad de que gozan los prevaricadores y corruptos – y un elenco de funcionarios probos y dignos que antepongan los intereses nacionales sobre los sectarios. ¿Cuántos de los ex altos funcionarios que han pasado por la Administración Pública merecen la entera confianza de la sociedad dominicana en el manejo de los recursos públicos? No creo que sean tantos. Pero sí se conocen porque continúan siendo los mismos de antes de que pasaran a formar parte del tren administrativo del Estado, con las mismas amistades y los mismos activos, y quizás con mayores pasivos. ¿Cuándo será que veremos verdaderos servidores públicos en lugar de prevaricadores?