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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Veinticinco partidos políticos reconocidos y por lo menos 7 candidatos a la Presidencia de la República se lanzarán de lleno a la búsqueda del voto de más de 5 millones 765 mil electores cuando el miércoles 16 la Junta Central Electoral (JCE) proclame el inicio legal de la campaña proselitista para los comicios de mayo próximo.
Los preparativos para las elecciones presidenciales parecen más avanzados que nunca, aunque el limitado presupuesto consignado para la organización electoral crea incertidumbres y debilita el arbitraje que podría verse disminuido con la posible licencia de la jueza Aura Celeste Fernández.
Hay pocas expectativas de que esta campaña electoral supere los vicios del uso ilegal de recursos estatales, el transfuguismo, el clientelismo, el rentismo y el vacío de debates ideológicos y programáticos que han caracterizado la intensa, extensa y costosa precampaña.
Proclama de campaña
Esta semana el pleno de la JCE decidió proclamar el próximo miércoles 16 el inicio de la campaña electoral que los principales partidos adelantaron hace meses a contrapelo de la opinión pública y de una ciudadanía que ha reclamado limitaciones al permanente proselitismo político que caracteriza la nación.
El artículo 87 de la Ley Electoral establece que la proclama para el inicio de las campañas electorales debe producirse «a más tardar 90 días antes» de la fecha de los comicios y casi siempre se ha hecho en el mes de enero. Sólo para las legislativas y municipales del 2002 se efectuó en febrero, el día 14. En las presidenciales del 2000 fue el 14 de enero, y en las del 2004 el 20 de enero. En el 2006 se produjo el 26 de enero.
Pero nunca antes los partidos habían iniciado la elección de candidatos con tanta anticipación. El Revolucionario Dominicano (PRD) madrugó a fines de enero del año pasado, en tanto el de la Liberación Dominicana (PLD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) lo hicieron en mayo y junio del 2007.
El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el presidente Leonel Fernández y el licenciado Amable Aristy Castro llevan más de 6 meses en labores propias de la campaña electoral, postulados por las tres organizaciones que han dominado el escenario político nacional tras el final de la larga tiranía trujillista en 1961.
A ellos tres se han ido sumando como candidatos presidenciales el doctor Trajano Santana, por el Partido Revolucionario Independiente, el ingeniero Eduardo Estrella por los partidos Revolucionario Social Demócrata y Humanista Dominicano, el licenciado Pedro de Jesús Candelier por el Partido Alianza Popular y el doctor Guillermo Moreno postulado esta semana por el Movimiento Independiente Unidad y Cambio.
El plazo para registrar alianzas, hasta 75 días antes de cada elección, vence el 29 de febrero, y el de inscribir candidatos, hasta 60 días antes, concluirá el 16 de marzo, en virtud de los artículos 62 y 70 de la Ley Electoral respectivamente.
En búsqueda de la reelección, el presidente Fernández ya ha conseguido el respaldo de la mitad de los 25 partidos reconocidos por la JCE y de numerosos agrupamientos constituidos al efecto. Todavía el tribunal electoral tiene pendiente pronunciarse sobre otras dos solicitudes de reconocimiento de partidos y en torno a una apelación al rechazo de otro, pero se cree que ya no registrarán más para estos comicios.
Organización adelantada
A pesar de las disensiones públicas que han protagonizado varios de los 9 jueces que constituyen la JCE, el proceso organizativo para las elecciones de este año ha avanzado con más anticipación que lo acostumbrado, como proclamaron el miércoles en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
El presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor Roberto Rosario, proclama que casi todo está listo para la elección, con 154 juntas electorales municipales constituidas, 20 más que en las presidenciales del 2004, aparte de 11 que operan en ciudades de los países donde se concentra la emigración dominicana. Han reclutados más de los 67 mil 500 miembros que constituirán 12 mil 989 mesas de votación, el 40 por ciento ya entrenados, el registro electoral actualizado y parte de los materiales impresos.
Las inscripciones electorales quedarán cerradas el próximo lunes 14, después de ser prorrogadas por un mes. Hasta el 8 de enero los electores registrados sumaban 5 millones 765 mil 677, superando en 5.3 por ciento los 5 millones 223 mil 161 que sumaban en la anterior elección presidencial. Del total de los actuales electores 128 mil 570 están registrados en el extranjero, para un crecimiento del 145 por ciento en relación a los 52 mil 440 que se inscribieron para los comicios del 2004, primera vez que los dominicanos y dominicanas pudieron votar sin venir al país. La mitad de ellos no acudieron a votar y ahora se teme que lo haga una proporción menor pues el 16 de mayo será viernes, día laborable. Hace 4 años cayó domingo.
Limitadas expectativas
Aunque el registro electoral y los mecanismos de votación y cómputo han avanzado y ofrecen mayores garantías que en el pasado, los excesos de gastos y abusos de los recursos estatales que históricamente han acompañado las repostulaciones presidenciales limitan las expectativas sobre la limpieza del proceso comicial.
De hecho ya hace meses que la candidatura reeleccionista se nutre de recursos estatales en la campaña, incluidos, vehículos, combustibles, funcionarios y empleados públicos dedicados al proselitismo, propaganda pagada por organismos del Poder Ejecutivo y compra de aliados políticos por cargos y favores gubernamentales.
En consecuencia se teme que prosiga el transfuguismo político financiado por el poder gubernamental, que ha succionado dirigentes y militantes de los partidos de oposición, especialmente del PRSC.
Por lo que se ha registrado en la larga precampaña, también son limitadas las expectativas de que el proceso pueda convertirse en un debate democrático de ideas y programas, de lo que vienen adoleciendo las últimas elecciones nacionales.
Incluso se expresan temores de que las mutuas descalificaciones y las confrontaciones verbales puedan derivar en violencia en el curso de la campaña degradando el proceso electoral.
De lo que no hay la menor duda es que estas elecciones seguirán encareciendo el desbordado costo de la democracia electoral dominicana, que se nutre de la corrupción, del dinero lavado, del rentismo (inversión de potentados) para mantener u obtener privilegios en las compras, contrataciones y consideraciones fiscales otorgadas por los órganos estatales. También el clientelismo y la compra de votos figuran entre los factores que degradan la democracia dominicana.-
Presupuesto insuficiente
El mayor elemento de incertidumbre que confronta el proceso electoral es el limitado presupuesto consignado a la JCE en el recién aprobado presupuesto del 2007 ascendente a 2 mil 487 millones de pesos que obligaría a suspender proyectos como la documentación de unos 600 mil ciudadanos y ciudadanas sin actas de nacimiento y dificultaría el pago de compromisos financieros con el Banco de Reservas por 381 millones de pesos.
El presupuesto operativo otorgado al organismo electoral es de mil 502 millones de pesos y para la organización de las elecciones otros 985 millones de pesos, 75 millones menos que los consignados en virtud de la ley, para financiar a los partidos políticos que es de mil 60 millones de pesos.
La limitación presupuestaria pone en peligro el proyecto de transmisión de cómputos desde los mismos centros de votación para agilizar la publicación de los resultados, que costaría unos 200 millones de pesos. El presidente de la JCE, Julio César Castaños, estima que para culminar exitosamente el proceso electoral requerirán al menos otros 500 millones de pesos, que cree «tendrán que aparecer porque nunca unas elecciones han sido afectadas por razones económicas».
En la práctica, se teme que la limitación presupuestaria reduzca la independencia de la JCE que tendría que depender de la voluntad del presidente de la República, quien a la vez es candidato presidencial. En 1990 el entonces presidente del tribunal electoral, Froilán Tavárez, tuvo que mendigar los recursos ante el candidato a la reelección, Joaquín Balaguer hasta pocos días antes de los comicios, llegando al extremo de amenazar públicamente con hipotecar una propiedad para culminar el proceso.
La debilidad financiera reduciría la posibilidad de que el arbitraje electoral pueda llamar la atención sobre el uso de recursos estatales en la campaña electoral por parte del candidato a la reelección, que ya ha sido reiteradas veces denunciado, y que es uno de los factores que tradicionalmente empaña los comicios nacionales.
La JCE perdería en el proceso a una de sus miembros más vigorosos y escrupuloso éticamente, la doctora Aura Celeste Fernández, quien podría tener que tomar licencia cuando se registre la candidatura presidencial de su esposo, el doctor Guillermo Moreno. Su suplente es la doctora Josefina Abréu Yurull, reciente viuda del ex dirigente perredeísta Cotubanamá Dipp, quien tiene una buena reputación y ha sido asistente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero carece de la experiencia de la titular, quien pasa por un segundo período en el tribunal electoral y es miembra de la Cámara Contenciosa.
