Aunque ya es una irracionalidad económica pagar dinero de los contribuyentes a partidos que no solamente hacen muy poco por ellos, sino que, además, suben al poder para extraerles más recursos para pagar la corrupción y la ineficiencia, lo que el Estado les entrega a los partidos para que engañen a los electores no es el mayor costo de nuestro modelo político.

Hay ejemplos de costos muy superiores, como el de la última crisis bancaria, originada por la tradicional resistencia del modelo político a realizar una supervisión estricta del sistema financiero, algo que ha cambiado solamente porque fue impuesto por organismos internacionales.

La crisis eléctrica, eternizada por la politización de las decisiones económicas que ha caracterizado al modelo político, ha tenido un altísimo costo, tanto económico como en bienestar.

Pero el mayor costo de nuestro modelo político clientelista, de corrupción y de instituciones débiles, proviene de las oportunidades perdidas. Es el beneficio dejado de recibir por seguir dicho modelo durante décadas.

Ese tipo de costo ha afectado más a los pobres. Si los recursos públicos se hubieran empleado con mayor eficiencia y si las políticas hubieran sido otras, sus vidas no hubieran sido tan duras. Sus hijos no hubieran sufrido las secuelas de la desnutrición infantil y sus índices de morbilidad y mortalidad serían más bajos; las condiciones de vida de sus ancianos no hubieran sido tan lamentables; sus viviendas no hubieran sido tan inhumanas y poco protectoras; sus hijos tendrían mejores niveles de educación y más oportunidades para salir de la pobreza. Esos y otros beneficios dejados de ganar son los enormes costos de los pobres.

Pero también la empresa privada como conjunto se ha visto afectada. Sólo basta pensar en las riquezas creadas por el sector privado en países que han progresado mucho más que nosotros y compararlas en el tiempo con las generadas por nuestro sector privado, para darse cuenta de los elevados costos que ha representado el modelo político para la empresa privada, al verse más limitada en su capacidad para emprender y crear riquezas, por vivir en un país manejado ineficientemente.

Obviamente, hay empresarios individuales que han hecho grandes fortunas a costas del Estado y para ellos no puede haber mejor modelo político que el que hemos tenido. Pero el sector privado como conjunto ha sido un gran perdedor.

En cualquier momento, el valor presente de sus flujos futuros de caja hubiera sido muy superior si la economía y el Estado hubieran sido manejados con el sentido de responsabilidad que requiere un país lleno de pobres.

Este modelo político tan costoso no puede seguir.

Su cambio beneficiará a los pobres, que son los que más se perjudican con él, y abrirá puertas más amplias al sector privado, que es el que deberá crear las riquezas adicionales que se necesitan para combatir la pobreza.

Pero, más importante aún, su reemplazo contribuirá a que renazcan las esperanzas de los dominicanos, sistemáticamente sepultadas, generación tras generación.