El Estado dominicano y la firma angloholandesa Shell han sido socios por mucho tiempo en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Esta sociedad nació en una coyuntura muy diferente a la actual, cuando las condiciones del mercado petrolero no eran tan dramáticas como las actuales.

En las circunstancias actuales, una de las más grandes preocupaciones del Estado dominicano es el monto cada vez más elevado de la factura petrolera, debido al comportamiento alcista del mercado internacional de hidrocarburos.

Petrocaribe, un acuerdo que equilibra la solidaridad con el interés comercial, suscrito con Venezuela, ha venido a constituir una opción de alivio por las condiciones de crédito que nos garantiza.

Al momento de entrar en vigencia Petrocaribe, han surgido inconvenientes que el secretario de Industria y Comercio, Francisco Javier García, atribuye a la angloholandesa Shell, que ha tenido el control del transporte del petróleo importado por Refidomsa.

En las circunstancias actuales, el máximo interés debe circunscribirse a satisfacer las necesidades del Estado por encima de cualesquiera otras. Las pautas de la relación de sociedad entre Shell y el Estado deben ser lo suficientemente claras y precisas como para establecer los límites de las acciones de cada uno de los socios en el interés común que manejan.

Lo que más conviene, ahora y en todo momento, es que esta sociedad se maneje con apego a las pautas, sin actos que pudieren perjudicar el interés nacional.

Está claro que el país vive una coyuntura especialmente difícil, por causas que Shell debe dominar con lujo de detalles. El interés del Estado, pues, debe estar por encima de todo lo que se aparte de las pautas de sociedad.

Reprimenda

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos acaba de sancionar a la República Dominicana por violación de los derechos de nacionalidad y de igualdad ante la ley de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, a quienes se les negó inscripción escolar a pesar de haber nacido en territorio dominicano.

Esta condena, que implica reparación en beneficio de las agraviadas, es una reprimenda que se deriva del desdén con que hemos tratado el caso de los miles de dominicanos que carecen de documentos de identidad.

Es un tirón de orejas por no haber afrontado con decisión y entereza el caso, con el propósito de definir el estatus que corresponde a los descendientes de personas de otras nacionalidades procreados en territorio dominicano.

Ahora, ante la perspectiva de que más casos de esta naturaleza puedan ser denunciados ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y motivar nuevas condenas, es probable que pretendamos soluciones de coyuntura para una cuestión que ha debido ser rutina elemental del Estado. Así somos.