Luis Scheker Ortiz 
El magistrado Fran Soto, Juez de la Suprema Corte de Justicia, hace un llamado a los aspirantes a remplazar a cuatro jueces de la SCJ más cinco jueces de Tribunal Superior Electoral, incluyendo su Presidente y suplentes para que depositen sus expedientes antes del 29 de junio fecha límite del plazo, que habiendo dichos magistrados renunciado o cumplido su periodo electoral. La noticia no deja de concitar interés y especulaciones.
De todos los poderes del Estado sin lugar a duda es el Poder Judicial el que mayor robustez y fortalecimiento confiere al sistema democrático de gobierno, descansando su responsabilidad en jueces probos, independientes y capaces de administrar justicia, aplicando la ley de manera justa y sabia, sin prejuicio ni privilegio, ajustando su conducta y su sentencia a los postulados de la Constitución, norma suprema del Estado que garantiza el orden institucional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía de la nación.
Sin embargo, históricamente víctima del rejuego político en nuestro país no es así como el Poder Judicial se ha concebido. Desde que el caudillismo hizo presencia deviniendo en dictadura con la presidencia del General Pedro Santana, de ingrata recordación, que nos impuso a la naciente República, (igual que cuando con sus hateros nos liberó del régimen opresor de Haití) a golpe de bayoneta, el fatídico Art. 210 de la Primera Constitución que le confería poderes plenos y absolutos malogrando el sueño redentor del forjador de la Patria, Juan Pablo Duarte.
El Poder Judicial, de singular importancia para la seguridad jurídica, la convivencia y el bienestar general de los pueblos, desde entonces, quedó trunco siendo la presa más apetecible del poder político para su dominio, consciente de que de su independencia institucional, con jueces celosos de su honra y su misión, libre de ataduras al momento de dictar sentencia e imponer sanciones condignas, poniendo orden en la casa, se ponía freno a la corrupción y la ambición desmedida de placeres y riquezas, a acciones deshonrosas y criminales contra la cosa pública, malversación, desfalco, sobre evaluaciones, sobornos, lavado de activos, asociación de malhechores, abuso de funciones confiados en la impunidad de un sistema judicial descreído por su abierta complicidad política de jueces venales o comprometidos escogidos precisamente por un Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el Presidente de la República, integrado en su mayoría por la cúpula política del gobierno y del partido en el poder.
De ahí la desconfianza, la duda y el temor de la sociedad civil, la Marcha Verde, de todo un pueblo multifacético tirado a la calle hastiado de abusos e injusticias, esperanzado de que llegue la hora de hacer verdadera justicia sin olvidos iniciando con el caso Odebrecht, Casandra que destapó la pandora de todos males ocultos y conocidos, lodazal que salpica por doquier que viene de tiempo atrás, porque el mal no está en la sabana. No es suplicando renuncias imposibles pone remedio al mal. . El camino a seguir es largo y pedregoso. La crisis institucional que padecemos es mucho más profunda y el remedio caro
