Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), un organismo de hechura oficial, nos permite afirmar que el concepto en base al cual se administra el Estado dominicano no es, ni por asomo, el que demandan los tiempos modernos y particularmente la globalización comercial.

Ese estudio, que reseñáramos el sábado como noticia principal en la portada de nuestra sección Economía, permitió al CNC comprobar que una gestión con el objetivo de obtener autorización para establecer negocios en la República Dominicana tarda, en promedio, 78 días, mientras que en Jamaica, por ejemplo, la misma diligencia culmina en solo 72 horas.

Esta comprobación viene a demostrar que el Estado dominicano está excesivamente burocratizado, que las reglas de juego son poco precisas y, por ende, susceptibles de interpretaciones y que el éxito o fracaso de una gestión depende más de factores temperamentales o políticos que de la solvencia del solicitante y las estipulaciones de las reglas. No excluimos de entre las trabas los actos de corrupción que frecuentemente se producen en torno a gestiones para fines de negocios, en cuyas etapas suelen aparecer «facilitadores» que cobran por servicios que deberían ser ofrecidos como rutina desde que se produce una solicitud encaminada con todas las de la ley.

–II–

A tono con los resultados de ese estudio, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), José Antonio Flaquer López, propone que el Estado elimine las trabas que dificultan la apertura de nuevos negocios y suprima una serie de elementos burocráticos que alargan el proceso de exportación. En este último contexto (las exportaciones) y como anotación al margen, es bueno recordar que siempre se quedó en el discurso una promesa de decenios atrás para establecer una ventanilla única que manejara las tramitaciones para vender en el exterior.

A ningún Gobierno debería ruborizarle la idea de planificar la administración pública y su burocracia con un tamaño adecuado, sustentable en términos financieros y funcional en términos de ejecuciones y resultados. Lograrlo sería fácil, a no ser por un elemento muy nocivo para estos asuntos: la politiquería.

Más que cualquier cosa, más que una fuente de empleos en un país deficitario en materia de oferta de plazas de trabajo y más que una cartera para pagar favores políticos, el Estado tiene que jugar un papel moderador, tiene que ser un administrador eficaz de las posibilidades y oportunidades, un facilitador de toda gestión lícita y un garante de cuantas acciones se acojan al Derecho.

En estos tiempos, con un tratado de libre comercio que promete «remenear» el andamiaje jurídico en materia comercial e industrial, el Estado no puede continuar siendo la piedra en el camino. El estudio del CNC indica que debemos reservarle al Estado el justo papel.