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El vicio, anterior al 4%, de abandonar escuelas a medio construir o de contratar las edificaciones ignorando los imperativos de ley para garantizar el buen uso del dinero de los contribuyentes tuvo, con la conquista de más recursos para la educación, una mayor incidencia sobre todo durante las gestiones públicas inmediatamente anteriores a la presente que ahora rinde cuentas.
En el espectro de inobservancias que evidentemente escapaban a controles preventivos y a la aplicación de consecuencias por las autoridades figuran asignaciones de obras por sorteos sin transparencia, sin exigencia de planos ni disponibilidad de terrenos; afectados por litis o embargables por deudas contraídas por los alegres ganadores de contratas que en ocasiones incrementaron costos de manera ilegal.
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Y aunque el Estado ha sido un moroso de largo historial, hubo entrega de jugosos avances a ingenieros sin que dispusieran siquiera de solares para las edificaciones ahora sin paradero. El incumplimiento, a veces de antología, arrojó que al 16 de agosto del 2020 se debían por planteles terminados cerca de cuatro mil millones de pesos.
Una absurda permisividad para las irregularidades y flagrantes violaciones a los procedimientos y a los mandatos de ley (y por tanto castigables con proporcionalidad) dejó al país la herencia de 718 planteles pendientes de construir y solo 342 en proceso. Un doloroso parto en desmedro del 4%. Una pésima ejecución que no desautoriza esta conquista.
