Por más que en este país se hable del problema energético siempre queda mucho por decir. La médula del asunto parece estar en la forma en que hemos girado en el círculo vicioso de los apagones, repitiendo y reafirmando sus causas y adoptando «soluciones» que, por múltiples razones, jamás han dado resultados satisfactorios.

Desde que el tirano Rafael Trujillo estigmatizó la empresa extranjera que producía «luz», entre otras cosas porque la misma pretendió cobrar la energía consumida, el país no ha logrado levantar cabeza en materia energética, ni ha podido concebir fórmulas viables de solución. En el período de doce años que gobernó Joaquín Balaguer desde 1966, hasta las inofensivas y divertidas chichiguas tuvieron principalía en los risibles argumentos que pretendían explicar y justificar los apagones. Para entonces, las soluciones energéticas en que insistió y reincidió el Estado estuvieron basadas en unidades térmicas de alto consumo, mayormente reconstruidas después de haber prestado servicio por mucho tiempo en el exterior. En nuestros días, sin la estelaridad que se atribuyó a las chichiguas, los apagones continúan siendo el punto de referencia de nuestros atrasos, de nuestro estancamiento.

II

En esta etapa de nuestra historia económica, el modelo adoptado para tratar de integrar una solución energética que reemplazara los viejos y obsoletos esquemas ha demostrado tener tantos puntos oscuros como el anterior. Si en el pasado las debilidades consistían en los tipos de unidades de generación y el modelo gerencial, en la actualidad están fundamentadas en lo intrincado del proceso, los medios de capitalización y la probada deficiencia en el manejo del mercado, sobre todo en lo que compete al cobro de la energía servida.

Debido a esto, nos batimos en una especie de tiovivo en el que el Estado, los generadores y las «edes» determinan las horas de suministro energético partiendo de unas cuentas que jamás logran conciliar y que terminan sacando de servicio las plantas por falta de recursos para la compra de combustibles. Se acuñó, para identificar el efecto antieconómico de esa relación, un concepto bastante apropiado: apagones financieros.

III

Hasta el momento, nada nos muestra indicios de que se trabaja para una revisión concienzuda del modelo de capitalización y los onerosos contratos «consensuados» en Madrid, y sobre todo, para exigirle a quienes explotan el mercado energético que sean eficientes y capaces de cobrar la energía que suministran.

Nada nos indica que se va a exigir que las «edes» dejen de prorratear y cobrar entre los usuarios puntuales la energía que consumen los que no pagan, y que cesará, definitivamente, la facturación sobre la base del patrón de consumo para que rija la lectura de los contadores. No está a la vista que los rectores del mercado energético vayan a exigir que cese el cobro de la energía no servida durante las horas de apagones y que las tarifas se ajusten a la realidad de los costos, dejando de incluir entre estos últimos las pérdidas por deficiencia. En fin, la aspiración del país es que el Gobierno dé muestras de que está por despejar el lado oscuro del negocio de la luz.