El fenómeno del lavado de dinero desafía las reglas fundamentales de la economía. Estamos acostumbrados, los economistas, de acuerdo a la teoría del comercio internacional, a creer que los flujos monetarios fluyen a países donde la tasa de retorno es más alta, donde la estabilidad macroeconómica es mayor y donde el comportamiento de las instituciones es más predecible y exacto.

Nada de esto se aplica a los flujos monetarios del lavado de dinero. Lavar dinero es transferir las ganancias de una actividad ilícita realizada en un país, a otro, para la adquisición de activos de legitimidad poco cuestionable que disfracen el origen bastardo de aquellas ganancias. Los nuevos activos son dinero efectivo, bienes raíces, aportes que permitan influjo sobre puestos públicos y paquetes de acciones en el país destinatario del dinero a lavar. En cuanto más desorganizado esté un país menos controles previsibles sobre el origen de ese dinero. En cuanto mayor sea el déficit fiscal y la estabilidad cambiaria, menor la voluntad de aplicar un mínimo de controles de origen a bienvenidos flujos de divisas.

En pocas palabras, quienes lavan dinero buscan sobre todo, seguridad, seguridad que depende de la falta de controles efectivos sobre la entrada de divisas y no necesariamente mayor tasa de ganancias. Por eso, países como el nuestro, que pasa por una seria crisis fiscal y cambiaria y que, además no son muy grandes, son la niña bonita de los lavadores de dinero mal habido.

Dinero mal habido es el de narcotráfico, evasión de impuestos, trata de blancas, inmigración ilegal y armas para identificar los más nombrados. Pero no todos los que están involucrados en estas actividades son lavadores de dinero; ni los pequeños productores agrícolas ni los distribuidores de drogas, por ejemplo, exportan sus ganancias. Más bien viven de ellas en sus propios países. Son los grandes señores que financian en serio esas actividades y que reciben pingües comisiones de ellas, quienes exportan dinero.

A medida que los controles de origen de dinero van siendo más eficaces en países ricos y administrativamente bien organizados, otros países pobres y muy pequeños, de los cuales hay varios en el Caribe, se ofrecen como ideales depositarios de fondos mal habidos y de intermediarios a otros países con mayores facilidades de inversión blanqueadora.

Obviamente, aunque la entrada de grandes cantidades de divisas en tiempo de inestabilidad cambiaria, beneficia a un país estabilizado la tasa de cambio y bajando los intereses, puede conllevar serias dificultades financieras. En principio, grandes y repentinos movimientos internacionales de divisas no ligados a cambios en los fundamentos económicos, se convierten en factores desestabilizadores del sistema financiero internacional, al transmitir señales confusas sobre la situación real de las economías de cada país.

Por eso, el G-7 estableció en 1989 la Financial Acting Task Force, con la misión de examinar las medidas que cada país debería tomar en contra del lavado de dinero. La idea subyacente es hacer más difícil el lavado de dinero estableciendo reglas de vigilancias más estrictas. De este modo, y si todos los países asumen las mismas reglas, se disminuiría el incentivo de transferir fondos originados por actividades ilícitas.

Me parece importante señalar, que en estos momentos en que comienza a haber cierta unanimidad práctica sobre la necesidad de un acuerdo con el FMI, se percibe una clara tendencia a castigar severamente a países con actitud laxa frente al lavado de dinero. Vito Tanzi, director del Departamento de Asuntos Fiscales en el FMI, recomienda que se niegue estatuto legal a las transacciones financieras y a los derechos adquiridos en ellos, de países que no acepten en términos reales los acuerdos internacionales referentes al lavado de dinero. Parte de estos acuerdos podría incluir el derecho a imponer sustanciales impuestos punitivos a los flujos financieros internacionales hacia y desde países que no acepten dichos acuerdos.

El mismo autor recalca que el FMI ve en el lavado de dinero, un obstáculo a su tarea de mantener un sistema financiero internacional eficiente y termina su artículo (Money Laundering and the Internacional Financial System, en Policies, Institutions and the Dark Side of Economics, 2000, p. 197) afirmando que el Fondo, a petición de sus miembros, podría monitorear las operaciones de la cuentas de la balanza de pagos para ver si se cumplen las reglas del lavado de dinero.

Definitivamente hay un movimiento de opinión a favor de controles crecientes del origen de grandes e inesperados flujos internacionales de capitales financieros. El objetivo de este movimiento es ganar indicios sobre la probabilidad de que sean resultado de actividades ilícitas. La carencia de explicaciones diáfanas es ya base suficiente para iniciar investigaciones en profundidad. En la subsecuente investigación cuenta en contra de un gobierno el no dar importancia a sospechas y demandas judiciales o administrativas de otros gobiernos.

Hay que presuponer que los Estados Unidos fomentan este movimiento de opinión. Es igualmente comprensible que lo hagan a favor de sus intereses. Pero la pregunta que hay que enfrentar es su justificación ética; probablemente aduzcan razones secuenciales: peligro para la seguridad, sustentabilidad y confiabilidad del sistema financiero internacional. En la medida en que ese peligro tenga visos de probabilidad se robustece su presunción ética.

Tenemos, como país, que ir eliminando criterios tan inmorales como el de calificar de malo o de bueno lo que favorezca o perjudique los intereses norteamericanos y aprender que la moral de una acción hay que buscarla en sí misma y no en quien la hace. Esta falta de criterio lleva, en última instancia, a justificar, por sus efectos, cualquier acto de terrorismo en que por razones de Estado se acepta que se maten o perjudiquen directamente, no casualmente, a personas o instituciones inocentes. Este es el error moral de la guerra preventiva de Bush contra Iraq. La quinta esencia del maquiavelismo.

Debemos, paralelamente, fomentar una política consecuente contra el lavado de dinero. Esta política no es de la exclusiva incumbencia del Gobierno. Los bancos comerciales, las casas de cambio, los partidos políticos y las compañías vendedoras de bienes raíces, debieran pasar fuertes sumas de divisas por cribas sobre el origen de esos fondos e investigarlos en caso de sospecha. Existen instituciones internacionales, públicas unas, corporativas otras, a las que se puede consultar antes de aceptar, de modo irrevocable, fondos con olor a lavado.

Este tipo de política va inicialmente en contra de los intereses financieros del país y de sus instituciones financieras. De nuevo queremos justificar transacciones de origen inicuo para lograr ventajas sociales o privadas. Practicamos un maquiavelismo financiero a corto plazo, medido en términos históricos. No son sólo los americanos los maquiavelos; lo somos nosotros. Por las mismas razones que ellos: porque nos conviene… ahora. Quizás, desde un punto de vista también maquiavélico, nos convendría preguntarnos si a la larga no sería más útil hacer de República Dominicana un centro financiero serio y confiable en este revuelto mar del Caribe )No se puede? Posiblemente no. Preguntas de este estilo se hicieron Corea, Taiwán, Malasia y otros tigres emergentes sobre un tema muchísimo más difícil. )Debemos, para el desarrollo, usar ideas y técnicas creadas por otros limitándonos a importarlas, o podemos tratar de crear nuevos productos y nuevos procesos? Ellos pudieron.

A quien entienda. le bastan pocas palabras; como decían los latinos intelligenti pauca.