TEÓFILO QUICO TABAR
La  pobreza de argumentos ligada al relativo silencio que han guardado los funcionarios del gobierno con relación a la denuncia de una operación que envuelve 130 millones de dólares, sin alegadamente cumplir  con los requisitos exigidos por la ley, no debe quedarse en el nivel político partidista.

Aún cuando la denuncia la realizó el PRD como partido de oposición, la operación de una forma u otra, salpica a todo el país, no solo por sus efectos internos, sino porque cualquier cosita por pequeña que algunos quisieran hacerla parecer, ya no cabe en el negativo panorama que se exhibe en el exterior acerca de la conducta de los dominicanos. Resulta preocupante que se venda una imagen de la República Dominicana y de los dominicanos, como si todo el mundo fuera bandolero, ligados a negocios sucios, poseedores de “lavanderías” ocultas, asociados a   centros de diversión o al tráfico de sustancias prohibidas.

  Pero como la mayoría de la cúpula dominante en casi todas las esferas viaja con pasaportes extranjeros, poco les importa la imagen que se tenga de nuestro país y de nuestra gente.

Lo de los 130 millones debe y tiene que ser aclarado, pero más que aclarado debería servir de advertencia para que a nadie se le ocurra hacer galas de inteligencia aventurera tratando de envolver operaciones que no luzcan totalmente transparentes.

Si no hubo nada pernicioso y si todo estaba bien, ¿porqué tanto silencio? ¿Porqué sacar a la luz pública, como única defensa, la opinión de un abogado perteneciente al partido que hizo la denuncia y la de otra oficina consultora?

Es probable  que como se trataba de una operación “tan especial” y se les hubiera advertido sobre su “legalidad”, los interesados buscaran saber si en realidad el gobierno estaba obligado a cumplir con los compromisos, más que saber si era constitucional o no. Y es probable que también los abogados fueran sorprendidos en su buena fe, atendiendo solo la parte del compromiso del gobierno, más que en cuanto a lo puramente constitucional.

Si es inconstitucional o no. Si habrá sanción o no. Si todo se quedará como comenzó, eso nadie lo sabe, pero el golpe fue dado y como dice la gente de pueblo, eso se hincha. O pare o aborta. El hecho es que se intentó realizar una operación, basándose solamente en la opinión de dos oficinas de abogados.

Un gobierno que se respete y funcionarios que pretendan actuar con transparencia, antes que buscar opiniones de oficinas particulares para suponer si una cosa está bien o mal, primero deben buscarlas en su propia casa, o sea, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en el Congreso; o como se trataba de un asunto que envolvía todo el esquema financiero, buscar las opiniones de los funcionarios del área.

A partir de ahora podría ocurrir, no solo como dicen algunos analistas  que cualquier gobierno puede comprometer al país porque ya existe jurisprudencia o porque ya el camino está abierto. El caso es que se pudiera argumentar que tampoco hace falta Congreso. Que las oficinas jurídicas de las diferentes dependencias están de más. Que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no tendría sentido. Que las opiniones de los demás expertos tampoco sirven de nada.

A partir de ese criterio, de aquí en adelante lo único que tendrían que hacer los gobiernos para realizar operaciones ambiguas en cuanto a su legalidad, será  agenciarse la opinión favorable de oficinas de abogados o consultoras, pertenecientes a la oposición del gobierno de turno, para que todo sea valedero. Por lo menos eso es lo que se ha querido presentar.

Sin embargo podría resultar, que eso no se quede así. Que al pasar los días la hinchazón adquiriera proporciones de tal magnitud que preocupe a los mismos que se inventaron la operación creyendo que aquí no le pasa nada a nadie.

No se trata simplemente de un problema gobierno-oposición. No es solo pleito entre el PRD y  el PLD. Se trata, de que las cosas públicas tienen que  hacerse claras. Que  la simple duda de una operación, debería significar su nulidad de inmediato.