El mismo día que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aprovechó una audiencia del juicio preliminar al senador Félix Bautista para hacer una dramática exposición del daño terrible que está causando la corrupción a la sociedad dominicana, el Ministro de Industria y Comercio dio una demostración elocuente de porqué en este país la lucha contra ese flagelo está condenada a quedarse en palabras que se lleva el viento. José del Castillo Saviñón admitió, a propósito de las reiteradas denuncias de que existe una mafia que trafica con el gasoil subsidiado, que ese ministerio tiene una capacidad limitada para fiscalizar su entrega y distribución, pero aun así fue claro y contundente al afirmar que este se mantendrá en vista de que ha logrado estabilizar la tarifa de los pasajes en las rutas urbanas e interurbanas. Y aunque también reconoció que eventualmente pueden darse casos en que se generen situaciones de desvío del producto, dijo que Industria y Comercio mantiene un constante monitoreo de fiscalización y persecución de los sindicatos en caso de que sean sorprendidos desviando el combustible a otros destinos. Claro está, con las limitaciones que el propio funcionario ha tenido que admitir, lo que explica que todavía no hayan sorprendido a nadie en esa práctica. Resulta significativo, sin embargo, que en ningún momento Castillo Saviñón ha dicho que investigará la denuncia de Juan Hubieres y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), a pesar de que involucra a funcionarios de ese ministerio. ¿Acaso no le interesa saber quiénes se están enriqueciendo, a través de un esquema corrupto de asignación y distribución, del combustible que se entrega a federaciones del transporte y sindicatos, para actuar en consecuencia? Con razón mucha gente empieza a percibir a Domínguez Brito como una especie de Llanero Solitario que lucha inútilmente contra un enemigo que le supera en número y fuerza.