POR CARMEN CARVAJAL
El Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA) parece que pasará su prueba de fuego en el Congreso estadounidense, sin que los dominicanos avancen en las medidas necesarias para adaptar al país al desafío que supone el libre comercio con la mayor economía del mundo.

El acuerdo fue aprobado por la Comisión de Finanzas del Senado y por el Comité de Procedimientos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La primera recomendó al pleno su aprobación, y se espera que pase sin mayores contratiempos, a pesar de la andanada final de sus opositores para ganar adeptos en el Congreso. Los representantes lo conocerán este mes.

La cercanía de la ratificación del convenio no ha logrado acercar las diferencias que separan a los sectores productivos dominicanos, ni ha supuesto un aceleramiento por parte del Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo para adoptar las reformas que deben preceder a la aprobación de la pieza.

Aunque ninguno de los sectores productivos nacionales se oponen tajantemente al acuerdo, si existen marcadas diferencias entre unos y otros, incluso algunos del mismo sector. Mientras la Asociación de Representantes de Productos Farmacéuticos lo apoya sin condiciones, la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) se opone con fuerza a las condiciones en que fue negociado, ya que entiende que perjudica sensiblemente a ese sector productivo nacional.

Algo similar ocurre entre la Junta Agroempresarial Dominicana y el Comité de Emergencia Agropecuaria. Mientras la primera entiende que el país necesita estar en el acuerdo, para no entrar en desventaja con respecto a Centroamérica y que el sector requiere apoyo estatal directo a los productores, el Comité de Emergencia, en cambio, rechaza los términos acordados en el acuerdo.

El Acuerdo

El DR-CAFTA fue negociado por los países centroamericanos y Estados Unidos, quienes sistemáticamente se negaron a integrar a la República Dominicana al mismo. Mientras las naciones originalmente signatarias del convenio negociaban los términos del mismo, el gobierno dominicano abogaba, de uno y otro lado, porque le dejaran entrar.

En una estrategia que algunos entienden que fue adoptada a propósito por los Estados Unidos, para debilitar aún más las posibilidades negociadoras dominicanas, que, además, renunció a una serie de posiciones que había adoptado conjuntamente con el CARICOM, en el ámbito del ALCA.

Cuando los norteamericanos cedieron, el país debió aceptar lo negociado por otros y sólo discutir listados de productos y gradualidad de los desmontes.

Sin embargo, tanto entre el empresariado como entre funcionarios del anterior y del presente gobierno se entiende que sin el CAFTA el país confrontaría serios problemas, ya que expulsaría hacia Centroamérica una gran parte de la inversión extranjera con que cuenta y le resultaría difícil atraer nuevas.

Cerca del 80 por ciento de las exportaciones dominicanas van al mercado de los Estados Unidos. En el 2004 sumaron unos US$4,520 millones. Las importaciones de bienes desde ese mercado ascendieron a US$4,340 millones.

Este volumen de intercambio comercial sitúa a la República Dominicana como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos en la región.

La conexión de la economía dominicana con la norteamericana también está fuertemente atada a través de la inversión extranjera y del flujo turístico, cada vez mayor, desde la nación del norte hasta las playas caribeñas y cerca de US$2,000 millones en remesas que cada año envían los dominicanos residentes en Estados Unidos, a sus familiares en el país.

El nivel alcanzado por el flujo comercial bilateral se debe básicamente al provecho que el país sacó de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos ofrecía una serie de beneficios unilaterales para el acceso de productos de Centroamérica y el Caribe a su mercado. Este esquema tiene fecha de caducidad para el 2008.

En manos del Congreso

Aunque el RD-CAFTA fue negociado y firmado por el gobierno perredeista de Hipólito Mejía, el Congreso, controlado en ambas cámaras por ese partido, se ha negado a aprobar el acuerdo sin examinar detenidamente las consecuencias del mismo sobre los sectores productivos.

El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, ha advertido en varias oportunidades que el acuerdo no se aprobará sin que antes se adopten las medidas compensatorias que garanticen la supervivencia de los productores criollos. En el Senado se han producido reacciones similares.

Además de las medidas compensatorias, el Congreso debe aprobar una reforma fiscal que, además del requisito impuesto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se hace imprescindible para buscar los recursos que sustituyan tanto a la Comisión Cambiaria que deberá desaparecer, como a los aranceles que serán desmontados a consecuencia del RD-CAFTA.

En ese sentido, los miembros del Congreso han tenido una serie de contactos con todos los sectores involucrados, con el cual buscaban consenso sobre las medidas a adoptar.

En un documento elaborado por la Comisión Permanente de Industria y Comercio y Zonas Francas del Senado, se enumeran las diferentes posiciones captadas durante los contactos de sus miembros con los empresarios, sobre el tema del acuerdo.

Para la Comisión hay tres posiciones claramente diferenciadas. La primera es la de quienes apoyan el acuerdo de forma incondicional y tal y como fue negociado. En este grupo se encuentra la Cámara Americana de Comercio, ARAPF y la Coalición de Apoyo al TLC.

El segundo grupo es de los que apoyan el acuerdo condicionado a la aprobación de leyes que aumenten la competitividad de los productores nacionales. En este grupo se inscribe la Asociación de Industrias de la República y la JAD, que pide apoyo directo del Estado a los productores agropecuarios, del tipo que ofrece México desde que se inició el NAFTA El tercer grupo es de los que se oponen con condiciones, como el Comité de Emergencia Agropecuaria, e INFADOMI. Ambos entienden que la entrada en vigencia del acuerdo supondrá perjuicios irreparables para sus sectores. Proponen que el trato sea renegociado o que no sea aprobado por el Congreso. El Comité de Emergencia entiende que, en caso de ser aprobado, esto se produzca al término de los dos años de plazo que tiene el país para hacerlo.

Esta posición fue rechazada por sectores industriales quienes entienden que tan pronto el acuerdo sea aprobado por el Congreso de Estados Unidos, los inversionistas que están a la espera de esta medida para decidir sobre sus inversiones, irán a los países que estén ya listos.

También, el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, estimó recientemente que el gobierno podía contar con unos meses para realizar la reforma fiscal, apostando a que el acuerdo no sería ratificado en el corto plazo por los congresistas.

Los legisladores explican en su documento que todos los sectores consultados abogaron por la aplicación de reformas fiscales que pongan a cada uno en capacidad de competir. La AIRD, quiere un régimen fiscal equiparable al de Centroamérica.

Infadomi quiere que se modifique la ley sobre propiedad intelectual para que ese sector pueda mantener los niveles de competitividad que ha exhibido hasta ahora. El sector agropecuario aboga por la ayuda directa.