Una latente inquietud sobre el presente y futuro inmediato del discurrir de nuestra cotidianidad comienza a ser manifiesta.

La llamada operación Falcón contra una red delincuencial agudiza esa intranquilidad, más que por la significativa cantidad de implicados y la amplitud de ese entramado para el delito, por la cantidad de legisladores involucrados, lo cual pone en entredicho la legitimidad/aceptación de un poder del Estado.

Y no sólo eso, pone en cuestión la legitimidad y hasta la legalidad de los procesos en que los partidos eligen algunos de sus representantes en el Congreso, siendo esto parte de los lastres que tenemos que superar para que cualquier intento de institucionalización del país pueda llegar a puerto.

Igualmente, se manifiestan inquietudes por las dificultades en que ha discurrido la gestión de algunos ministerios claves con evidentes contrariedades para enfrentar apremios heredados de anteriores administraciones y agudizados por una pandemia que lejos de terminar por momentos se intensifica, como ahora.

Recordar, la gente no acepta justificaciones cuando entiende que sus problemas no son resueltos pronta y debidamente, es implacable en sus exigencias y sus juicios son inapelables. Eso se ha demostrado los países donde se han celebrado elecciones congresuales, presidenciales y municipales, en la generalidad de ellos han perdido los partidos que estuvieron al frente de esas instituciones durante gran parte del período de pandemia.

En Italia, sólo un ejemplo, partidos que antes del flagelo estaban en caída libre se han recuperado de manera clamorosa, mientras otros que parecían indetenibles hacia el éxito descienden abruptamente.

Aquí, por causas bien conocidas, se está produciendo una escabrosa y súbita fractura de un sistema de partidos que, independientemente de su sostenida ineficacia, por más de cinco décadas fue relativamente eficiente para la alternancia en poder de las élites políticas.

Del bipartidismo, uno de ellos, el PLD, se desgrana y el que gobierna, el PRM, está en dificultades sin que por el momento se perciba otro, sin importar signo o tamaño, con posibilidades de convertirse en freno de un eventual proceso de involución, del cual como siempre serían los pobres los más afectados.

Provoca una justificada ira que unos legisladores altamente cuestionados, se “encierran” en un resort (siempre dispuestos al dispendio del dinero público) para “ponerse de acuerdo” en lo que, salvo excepciones, ya estaban de acuerdo: aprobar Código Penal que quiere un recalcitrante sector religioso.

La llamada operación Falcón agudiza esa intranquilidad

Pierden las elecciones que han estado al frente de instituciones

Provoca ira que legisladores se metan en resort para acordar