Que los legisladores dominicanos tengan la prerrogativa, auto asignada por la mayoría de ellos, para importar vehículos de alto lujo y cilindrada impositivamente exonerados, constituye uno de los tantos privilegios de muchos políticos del país. Sin embargo, esos turpenes protestan porque para el próximo Presupuesto de la Nación se establece un límite de 4,780,000 pesos al costo de los vehículos que se quieran importar. Ese privilegio evidencia, doblemente, lo mal que anda el país en términos de uso racional y transparente de los recursos públicos. Doblemente mal porque el privilegio es legal, aunque inmoral, y porque los legisladores justifican su posición aduciendo que ese privilegio es un derecho adquirido.
El principio de derecho adquirido se refiere a la protección de una propiedad o a un patrimonio, tangible o intangible, obtenidos conforme a la ley que debe ser salvaguardada incluso en una nueva ley que regule la obtención u otorgamiento de dicho patrimonio. El derecho a la exoneración de vehículos para los legisladores en nuestro país se ha obtenido en franca violación del principio legal que establece que nadie puede legislar para beneficio propio. Pero el problema va más allá, la invocación al malhadado derecho no es más que una expresión de la cultura del privilegio, del uso patrimonial del Estado que está en la cabeza de la generalidad de los políticos de este país.
Así como los legisladores se autoasignan recursos del erario público para promoverse mediante el reparto de regalos y electrodomésticos, los días de Navidad, de las Madres, de Reyes, o cuando suceden eventos naturales destructivos, en cada institución del Estado se establecen montos discrecionales de sueldos y jubilaciones; montos estos que en la generalidad de los casos se lo sueñan los pensionados de países altamente desarrollados. Los legisladores rechazan el monto de 4,780,000 pesos como límite a su privilegio de importar vehículos. Para llegar a ese monto un trabajador con sueldo mínimo intermedio tiene que trabajar 37 años, una barbaridad, una inmoralidad, otra cara de la corrupción.
También otra expresión del estado de indefensión en que discurre la vida del dominicano, del porqué, según el Foro Económico Mundial, ocupamos el octavo lugar entre los países más corruptos del mundo y el quinto en la región, porqué un 89% de los dominicanos, según la última encuesta Gallup-Hoy, considera alarmantes los niveles de corrupción en el país, porqué el Congreso Nacional y los partidos que postulan sus congresistas son mayoritariamente percibidos por la población como instituciones que nada hacen para enfrentarla.
Pero, los mayores niveles de corrupción no son aquellos identificables en las cámaras de legisladores, ni tampoco en la OMSA, sino en otras instituciones: aquellas vinculadas a la construcción, compras y contrataciones y permisos de importaciones de productos alimenticios.
Esas instituciones operan con estructuras mafiosas intra y extra institucionales que los organismos de seguridad del Estado y la judicatura conocen bien, y las cúpulas partidarias aún mejor.
En tal sentido, la infeliz expresión de “derecho adquirido” no es más que una expresión de la cultura rentista y patrimonialista de la clase política dominicana. Un lastre solo superable con acciones de masas en las calles.