Un estado de excepción se define como toda situación extraordinaria que afecta gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. Por lo cual, el Congreso de la república procede a otorgar poderes extraordinarios, de carácter específico, para que el Poder Ejecutivo maneje una determinada situación o problema, en un lapso especificado, en base a las leyes del país, pero con determinadas libertades discrecionales, respecto a cómo utilizar la autoridad y la fuerza pública.

Estas decisiones del Congreso son legales y legítimas, y suelen contar con el mayor apoyo de la población que es, se supone, la beneficiaria de dichas medidas de excepción.

Por su parte, la Sociología de las Instituciones y de las Organizaciones explica que existe siempre un riesgo considerable en lo que respecta al manejo de la autoridad y el poder en situaciones en las que los marcos normativos legales o culturales han dejado de funcionar para dar lugar a la acción del Ejecutivo, o de los administradores del proceso. La ruptura o puesta de lado de los marcos de referencia normativos suelen generar acciones de no fácil interpretación y aceptación por parte de la población o de los afectados, sean simples ciudadanos o sean miembros de la organización burocrática.

Aún en circunstancias normales, explica Croizier, la autoridad y la experticia técnica y profesional otorgan a cualquier ejecutante una capacidad extraordinaria, por el solo hecho de saber lo que otros no saben, más aun si es el que tiene el mando; o por el solo hecho de tener información exclusiva, privilegiada, para la toma de decisiones.

En una institución u organización, en condiciones normales, los expertos y los de mayor experiencia en determinadas actividades, suelen aprovechar ese “monopolio de la incertidumbre”, e incluso deformar la verdad u ocultar información. Frecuentemente tomando decisiones y realizar acciones arbitrarias, sin que subalternos y afectados conozcan las causas y motivos técnicos o políticos de las tales decisiones; y sin capacidad de reaccionar ni de sancionar dichos manejos. Lo menos deseable suele ocurrir a niveles subalternos que, actuando en nombre de la una autoridad o autorización de difícil comprobación, y que cae fuera de las normas habituales, se deslizan con sus propios manejos arbitrarios y a menudo antojadizos, a favor de intereses espurios.

Los profesionales que trabaja en una organización, pública o privada, saben bien hasta donde pueden jugar al “manejo de la incertidumbre” dentro de sus áreas de competencia; y pueden declarar una emergencia o disponer un gasto sin que sean cuestionados de inmediato, y ni siquiera mediante una inspección técnico-profesional. Con el agravante de que sus colegas suelen encubrirlo. Pero el manejo de la incertidumbre en un Estado de Excepción nacional, es un escenario que se presta para muchas acciones arbitrarias cuyos costos a futuro pueden ser incalculables. Por ello, los estados de excepción deben ser lo último que haya de disponer la voluntad general o sus representantes. Y por el más breve tiempo posible.