La virtual extinción del hospital psiquiátrico Padre Billini por considerarlo fuera de época, obliga a buscar una respuesta adecuada al tema de la salud mental como problema social. El sector público tiene pendiente crear una red de unidades para servicios psiquiátricos a la población, un área de atención que la Seguridad Social no cubre. Queda implícito un menosprecio a las enfermedades cerebrales que afectan a una parte de la población en diversa forma, desde lo simple a lo extremo. Para el tratamiento de tales padecimientos deben brindarse, por región, consultas profesionales y un adecuado suministro de medicamentos para los padecimientos.
Los hospitales deben contar con áreas de internamiento para los casos en que el tratamiento ambulatorio no resulte suficiente. Que el manicomio que conocemos desaparezca como tal no significa que deba prescindirse de centros para confinar enfermos que por su gravedad representen un peligro para sí mismos o para el prójimo. Puede que se trate de individuos agresivos que deban ser neutralizados con medicación y seguimiento profesional, privados de libertad. Algunas conductas homicidas provienen de condiciones mentales graves, personas a las que la justicia no llega a considerar responsables de sus actos. Y contra tales conductas la sociedad debe estar protegida. Un riesgo agravado por el desamparo familiar en que terminan muchas personas con trastornos.
Promese como doble ejemplo
El Programa de Medicamentos Esenciales ha sido por años un excepcional ejemplo en el ámbito de lo estatal por la pulcritud en el manejo de recursos con apego a la adquisición de fármacos bajo licitación y concursos transparentes, practicando el respeto a los bienes públicos. Para orgullo del país, Promese acaba de ser premiado por la Organización de las Naciones Unidas por el impacto positivo en la población de su programa de Farmacias del Pueblo. Merecido homenaje.
El Gobierno debería sumarse al reconocimiento concentrando como manda la ley en la gerencia de esta entidad la adquisición masiva de fármacos, sin desviaciones, para la venta a bajos precios a personas de escasos recursos. Una parte de las compras estatales de fármacos sigue dispersa entre organismos. Sin la garantía del rigor de concursos ni de ahorros en beneficio de los contribuyentes.