El dolor de cabeza más severo que pudiera afectar a los funcionarios conscientes de sus responsabilidades es observar, sin poder sacudirse de la indolencia ancestral de los dominicanos, el deterioro que sufren las edificaciones y obras diversas puestas bajo su cargo y cuidado y  no poder emprender acción correctiva que prolongue la vida útil de la obra en cuestión.

 Prácticamente desde 1966, el mantenimiento de las obras públicas, fue relegada a un segundo plano, cuando la política de aquella administración era construir cada día nuevas obras, principalmente multifamiliares, presas, canales, carreteras y caminos vecinales,  que luego caían en el mismo saco de obras descuidadas, sin que casi nadie moviera  un dedo para rescatarla de su deterioro.

 Desde esa época era, y es más rentable para los funcionarios,  ofrecerle al presidente de turno los majestuosos proyectos de nuevas obras para reemplazar a la que se dejó destruir, lo cual se logra recibiendo una orden presidencial de iniciar una nueva obra de mayor costo, para lo cual se apadrinan  a los contratistas, que proyecto  bajo el brazo o en modernas laptop, son autorizados  a iniciarla a sabiendas de los compromisos contraídos  con sus benefactores.

 Por eso resulta lamentable el que la laguna de Las Praderas en la avenida Núñez de Cáceres  se haya dejado abandonada con todos sus equipos electromecánicos  fuera de servicio y sin rendir el trabajo para el cual se gastaron más de 350 millones de pesos, y por el escándalo propagado por los medios es que las autoridades se espabilan, supuestamente para ponerle atención al caso.

 Por igual el caso del hospital Darío Contreras, junto con los demás hospitales, atraviesan el mal estado de sus instalaciones pese a la divulgación de inversiones millonarias que hasta han llevado a reinauguraciones con pompa y platillos para que el personal, que son los primeros en “vandalizar”  las instalaciones, denuncian el desastroso estado de los centros de salud.

 Un caso lamentable  fue el de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, reinaugurada a finales de la anterior administración peledeísta. Hubo que cerrarla casi de inmediato cuando las lluvias de finales de agosto y septiembre del 2012 pusieron en evidencia graves vicios de construcción, que por la humedad acumulada en las alfombras, hasta se enfermaron varios de los empleados.  La pasada semana se abrió  de nuevo al público para ver si cuando lleguen las lluvias de mayo no vuelva a ocurrir otro lamentable  caso de descuido y mala supervisión de las obras estatales.

 La presente administración del presidente Medina tiene otro criterio en cuanto a la atención al mantenimiento de obras. Se ha visto que está desplegando elogiables esfuerzos  de enmendar la situación ancestral de descuido en muchas obras tales como canales, plantas de tratamiento,  edificaciones, carreteras, acueductos así como un intenso programa de asfaltado de calles de los pueblos  y villas con aspiraciones urbanas, provocando que la ciudadanía favorecida quiere ver sus calles limpias y exigen a las autoridades municipales a que las limpien y mantenerlas con mayor observancia de su periodo de vida útil.

 Ahora hay otro criterio de lo que significa el mantenimiento  de las obras públicas, ya se nota un nuevo renacer en esos esfuerzos de preservación de las obras. El servicio que deben ofrecerle a la ciudadanía debe estar garantizado por la funcionabilidad de esas obras que hasta hace poco, y todavía quedan muchas, eran una vergüenza,  en especial si alguien se atrevía  entrar a  los baños de los ministerios que no tienen muchos recursos en su presupuesto para el mantenimiento  y sin dejar de mencionar el estado casi siempre vergonzoso de los sanitarios de escuelas y hospitales.