Decía Eugenio María de Hostos, padre de la educación y del institucionalismo dominicano; el Electoral es en realidad el primer poder del Estado, porque de este se derivan los demás.

A ese respecto, Juan Bosch, discípulo de Hostos, cofundador del PRD, fundador del PLD y en buena medida padre de la democracia dominicana contemporánea, al referirse a la maquinaria político-jurídica de la reelección balaguerista, la calificó de “matadero electoral”.

En ese entonces, el líder reformista se contentaba con usar como mecanismos para asegurar el manejo de las elecciones, el uso de recursos del Estado; y el control de la JCE, cuyos personeros se encargaban de hacer “travesuras” a su favor, cuando lo consideraban necesario para que triunfara el continuismo.

Hoy, bajo la égida de la cúpula del PLD, el “matadero electoral” se materializa en virtud de una mezcla muy diversa de recursos de poder, entre las cuales se encuentran el control férreo de la JCE, el TSE, el TC y la SCJ, la manipulación de las leyes y las listas de electores, compra de periodistas, acusaciones judiciales y el secuestro de otros partidos mediante pactos inconfesables con algunos de sus dirigentes.

Eso explica porqué, pocos meses después del triunfo electoral del PLD en el 2004, ese partido manejó las cosas para que la SCJ declarara inconstitucional la Ley de Elecciones Primarias, simultáneas y bajo la supervisión de la JCE, que impedía a las cúpulas partidarias manejar a su antojo la selección de candidatos y que grupos de otros partidos pudieran decidir las candidaturas, con el alegato pueril de que los partidos son instituciones privadas.

Desde entonces, la cúpula del PLD no solo ha accionado para mantenerse en el poder con el control de las instituciones que validan los procesos electorales, como la JCE, el TSE y el TC, sino que con la ayuda de dirigentes sin escrúpulos, ha secuestrado desde dentro a los demás partidos políticos, como el PRSC el PRI, el PNVC y el propio PRD.

En uno de los últimos episodios de este proceso, el TSE, al conocer el recurso de amparo incoado por el sector mayoritario del PRD para que se le reconociera el término del periodo de 4 años bajo la presidencia de Miguel Vargas, quien fue investido por el suscrito ante miles de militantes el 19 de julio del 2009, en el que yo figuraba como testigo como presidente de ese organismo; la misma persona que conoció el caso cuatro años y medio atrás como Presidente de la desaparecida Cámara Contenciosa de la JCE, se negó a que yo fuera escuchado formalmente, probablemente para hacer menos obvia una nueva violación al espíritu y la letra de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral. Así las cosas, no les están dejando a las demás fuerzas políticas y al propio pueblo dominicano, otra cosa que la desobediencia civil en sus diversas formas, para hacer valer su derecho a elegir libremente a sus gobernantes…