Si en algún momento del futuro alguien se detuviera a realizar una crónica pormenorizada sobre el derecho de los ministros de culto no católicos a oficiar matrimonios con efectos civiles, me gustaría dejar constancia histórica de que propuse esta nueva figura en la Constitución del 2010, tan solo por justicia a un conglomerado religioso que sin razón alguna se le habían negado las más elementales consideraciones. El mismo sentimiento que me movió a reunir más de ciento cuarenta asambleístas, de todos los partidos e ideologías políticas para que me acompañaran con su firma y apoyo a esa propuesta constitucional, predominaba en el corazón de la mayoría de los legisladores, quienes consideraban este tema como una deuda de la clase política con ese sector religioso. A ellos, gracias por su desinteresada colaboración.   

El reglamento aprobado por la Junta Central Electoral marca el final de un ciclo importante para la comunidad religiosa no católica, ya que pone en evidencia los frutos de la unidad del liderazgo cristiano, que durante todo este proceso se mantuvo en sesión permanente a través del espacio denominado Mesa del Diálogo, que ha logrado aglutinar las instituciones protestantes más representativas de la nación.

Por otro lado, inicia una nueva temporada en materia civil para los ministros que reúnan las condiciones para ejercer este derecho, pues luego de haber luchado tanto por esta conquista, se deberá ser implacable con aquellos que la utilicen incorrectamente, tal y como establecen los instrumentos legales emanados del mandato de la Carta Magna.

Estoy más que convencido que el orden institucional y los controles organizacionales que conozco a lo interno de la comunidad protestante serán puestos de manifiesto en la administración de esta prerrogativa, despejando así las dudas de quienes desconocen las interioridades de este segmento religioso que supera los dos millones de dominicanos.