Hoy 
Como todo Presidente de país con ancestrales flaquezas institucionales, el licenciado Danilo Medina Sánchez tendrá que batirse con muchos adversarios que frenan el desarrollo nacional. Tiene por delante la tarea de yugular la inseguridad ciudadana y la corrupción, para citar dos ejemplos no más, y a juzgar por su firmeza de carácter y vocación por la transparencia, no sería extraño que logre avances significativos en esas dos materias de la agenda nacional. Estamos esperanzados en que así será.
Pero la solución del problema eléctrico es, a nuestro juicio, el mayor de los desafíos que tiene ante sí el presidente Medina para los tres años que le quedan en el poder. Es una tarea mayúscula despolitizar el sistema y desarticular los intereses que lastran el servicio, pero que le rentan jugosos beneficios a algunos de los actores del drama. Está llamado a lograr dominar las pérdidas financieras, reducir la burocracia y hacer que el sistema energético sea eficiente.
La energía eléctrica mueve los motores del desarrollo. En nuestro caso, la ineficacia de este servicio es una sobrecarga de atraso, un freno a la competitividad de la maquinaria productiva. El costo que pagamos por la deficiencia es mayor que el que pagaríamos si el sistema eléctrico funcionara como debe ser. El Presidente está ante su más poderoso y taimado adversario.
UN GRAVE PROBLEMA SOCIAL
El alto número de niñas y adolescentes embarazadas se ha convertido en un drama que hay que enfrentar con mayor rigor y entereza. En los hospitales debe haber personal del Ministerio Público que le dé seguimiento a todos los aspectos relacionados con los casos de embarazos de menores de edad para determinar las responsabilidades correspondientes. En el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, en un corto lapso han sido atendidos 1,811 de estos casos, incluyendo el de una niña de apenas diez años de edad.
El problema es agravado por el hecho de que algunas adolescentes intentan interrumpir el embarazo por medios no clínicos, poniendo en riesgo sus vidas. A este problema hay que encararlo con la intervención de un equipo multidisciplinario, que incluya a personal del Ministerio Público, como forma de dar mejor protección a nuestras adolescentes.
