JOSÉ LOIS MALKUN
El Diputado Pelegrín Castillo criticó recientemente que el Gobierno desconozca la constitución y perjudique el estado de derecho al no aplicar leyes esenciales aprobadas por el Congreso Nacional. Mencionó específicamente La Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio y Medidas de Protección, la Ley de Compra de Bienes y Servicios con fondos públicos y la Ley Laboral.

Como todos saben, el Doctor Castillo no pertenece al PRD o al PRSC, y tampoco es miembro de la cuarta vía. Se trata de un dirigente político de un partido estrechamente aliado al Gobierno y al PLD. Por eso, su denuncia cobra mayor vigencia y pone en entredicho la transparencia de estas autoridades cuando se trata de cumplir las leyes.

Pero el mayor desacato constitucional que se ha cometido en los últimos 41 años de vida democrática, es la emisión ilegal de 19 pagarés entregados a la Sun Land Corporation para obtener financiamiento externo por 132 millones de dólares sin mediar la aprobación del Congreso.

Esta denuncia, hecha por la dirigencia del PRD, esta sustentada por pruebas irrefutables que muestran hasta donde hemos llegado para convertirnos en un Estado fallido. Ya no es suficiente para el Presidente Fernández culpar al Gobierno pasado de la crisis bancaria y exculpar a los banqueros, sino que ahora viola la Constitución como si fuéramos un país de analfabetos.

El hecho de que el Presidente de la República le haya otorgado un poder a un funcionario de tercera categoría como es Feliz Bautista (poder 106 06), encargado de una oficina que fue eliminada por ley (cuenta 1401), para que emitiera estos pagarés, constituye la mas flagrante violación a la Constitución.

Estos recursos, obtenidos a través de la Sun Land Corporation, de un Banco extranjero en Panamá (HSBC), han sido utilizados para financiar obras del Estado, sin medir ninguna aprobación del Congreso y con el aparente desconocimiento de las autoridades del área económica. Es una deuda externa asumida por el Gobierno Dominicano descociéndose las vagabundearías que hay detrás de la misma.

Los responsables de esta operación no han dicho absolutamente nada que justifique tal desacato Constitucional y en respuesta han movilizado su maquinaria mediática para diluir la gravedad de esta denuncia culpando a un abogado y dirigente del PRD de haber dado una opinión que reviste de legalidad el acuerdo con la Sun Land Corporation. Pero está claro que tal opinión esta distanciada de lo que finalmente se hizo.

En cualquier país medianamente civilizado tal acción es suficiente para que un Presidente sea obligado a renunciar. Y en el menor de los casos ya el Señor Feliz Bautista debió ser expulsado del Gobierno y sometido a la acción de la justicia.

Mientras tanto, el Director del DEPRECO, Señor Octavio Lister, cuya única función es fabricar expedientes de corrupción para someter a la justicia a opositores al Gobierno o ex funcionarios de la pasada administración, ahora se convierte en defensor de la dolosa operación. Y como el principal responsable es el Presidente de la República y uno de sus colaboradores mas allegados, jamás este caso tendrá repercusiones legales en este Gobierno. No bastó que se excluyeran del expediente del PEME a varios funcionarios de esta administración que estaban fuertemente implicados en ese robo público, sino que ahora el DEPRECO reviste de legalidad la inconstitucionalidad.

Así un país no puede funcionar. No puede tener espacio en un mundo globalizado porque prostituye a sus aliados. Contamina la confianza entre los socios. La comunidad internacional tiene que actuar nuevamente para presionar al Gobierno a que reverse tal operación o que la justicia tome las acciones legales necesarias contra los responsables de la misma. Porque aquí no hay mecanismos para impedirlo. La mentira, el chantaje y la corrupción dominan nuestro escenario político como nunca antes había sucedido.

Ya varios bancos corresponsales, tenedores de bonos y organismos financieros multilaterales, están iniciando sus propias investigaciones para decidir las acciones futuras. Después no nos quejemos de las consecuencias, ni acusemos a la comunidad internacional de intervenir en nuestros asuntos internos.

Si la sociedad dominicana pasa por alto este desacato, esperen lo que vienen cuando concluya el acuerdo con el FMI en enero del 2008.