Es una suerte que en ocasiones la Administración Pública se sienta culpable porque su burocratismo le hace la vida más difícil al ciudadano. De ahí que una y otra vez haya el propósito de simplificar las cosas. Se crean o hacen esfuerzos por dotar al Estado de mecanismos que acorten trámites, reduzcan pasos y supriman papeleo bajo el nombre de pretensión mágica de “ventanilla única”. Siendo por tradición excesivo en crear empleos de dudosa utilidad, el Poder suele dar origen a la paradoja de multiplicar sus dependencias, en ejercicio clientelista, sin elevar la eficiencia.
El contribuyente queda expuesto así a costos altísimos en tiempo y tropiezos, y el inversionista ni se diga. La actividad inmobiliaria se queja de requisitos y lentitudes. Puede que todavía los cuellos de botella de ciertos ámbitos burocráticos estimulen el pago por la izquierda para que las cosas caminen aunque deben reconocerse las excepciones de organismos en los que aun siendo de marcha tortuosa por limitaciones estructurales para atender a la gente, no se percibe macuteo. Pero, en sentido general, el Estado debe ser un gran facilitador e incentivador de actividades provechosas sin necesidad de crecer tanto. Cuando esto se logre de manera importante, se habrá dado un gran paso, para lo cual es imprescindible que las instalaciones sean espaciosas y funcionales y el personal dispuesto para atender al público resulte de mayor calificación.

  Interferencia a la libre expresión

El actual proceso electoral, en el que las ideas deben fluir con toda libertad, queda afectado, aun siendo un hecho excepcional hasta ahora, por la no difusión por canales de televisión de un documental que anticipadamente fue blanco de una fuerte retórica oficialista de descalificación y condena como “injurioso, difamatorio y sucio”. El sector político que preveía menciones negativas de sus protagonistas, dio contundentes señales de que reaccionaría, al menos con recursos legales, contra esa difusión y ejerció una presión indirecta para lograrlo. Tantos presagios de drasticidad indicaban el firme propósito de impedir la aludida exposición audiovisual opositora. Se creó, sin participación abierta de censores, una implícita condición amordazante contraria a la ley que de manera expresa reserva para los jueces la facultad de establecer cuándo sí y cuándo no, se incurre en difamación e injuria.