El que se roba la luz es, técnicamente, un ente subsidiado y si la roba para producir bienes o servicios cuyos precios reflejan el impago, el consumidor también está subvencionado. Lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con gas propano. Hasta el insignificante yaniqueque contendría  la mano bendita del fisco que por acción u omisión atenúa costos y estimula la generación de empleos.

Más del 50% de los consumidores de luz, que no pagan, deberían tener en sus casas algún símbolo  del Estado o una foto del Presidente, con un letrerito abajo que diga: “En esta casa, este es nuestro Jefe en materia de energía”. Si el Erario y los consumidores cumplidores no fueran tan efectivos corrigiendo  la distorsión de raíces culturales de considerar a la electricidad tan libre de cargo como el aire que se respira, ya la economía del país se hubiera diluído como un Alka Seltzer.

En este reglón padecemos una dolorosa simetría. Aproximadamente la mitad de la nación paga luz  y las onerosas consecuencias de las omisiones de cobro. La otra mitad disfruta energía becada, exonerada, subsidiada o como le quieran llamar. Por indiscriminado y común ese usuario  irregular es anónimo. Los ciudadanos  que pagan nunca saben, cara a cara, para quiénes están trabajando.

A lo mejor el pasaje abusivo que le obligan  a pagar es para un inescrupuloso transportista  que además disfruta  de ver televisión y usar microondas y refrigerador  a costa también de los buenos pasajeros que son usuarios regulados. En virtud pues del consumo evadido hay que decir que el 50% del país está en sus buenas, librado en gran medida de la pesadez de la crisis petrolera.