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BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
El ingeniero Diandino Peña, un político y empresario de éxitos conocidos en la vida política y en el campo empresarial, hace unas bien llevadas y bien ilustradas presentaciones sobre las razones que llevan al gobierno a construir un Metro y sobre los costos y características de éste. Más que una descripción técnica, dirigida a los expertos, es un trabajo pensado y preparado para la opinión pública.
Estas presentaciones son completadas por unos viajes del Presidente de la República a pueblos interior, donde escucha a la gente con sus necesidades y peticiones y donde, cuidadosamente, habla, responde, extiende las manos, recibe cartas y promete las obras que ya están contenidas en el Presupuesto de la nación. La intención es evidente: hay una preocupación por las necesidades menudas de la gente, hay una presencia al más alto nivel que baja a las bases del pueblo y pone de manifiesto un desvelo por los más humildes y sencillos.
El otro complemento de las presentaciones del ingeniero Diandino Peña está constituido por las reuniones del Consejo de Gobierno. Estas repasan, por sectores, las inversiones públicas consignadas en el Presupuesto de la Nación, las ofrecen a los periodistas como si estas no fueran conocidas y estos las compran como tales y así las publican y difunden los medios. Excelente triunfo del gobierno, un triunfo de marketing político, de propaganda de la más pura.
No se trata de una iniciativa criticable, pues todo gobierno tiene derecho a jugar los juegos de la opinión pública. El gobierno quiere demostrar que antes que el Metro tenía y tiene otras preocupaciones y que su inversión en esta gigantesca obra no significará, en absoluto, una desatención de aquellas necesidades que el ingeniero Peña se ha regustado en llamar premodernas.
Hasta ahora el juego va bien a favor de los auspiciadotes del Metro. El gobierno ha ganado la simpatía de importantes líderes de opinión pública y ha conseguido una reacción muy cautelosa de otras que, como la de los ingenieros, los geólogos y los urbanistas, se entendía que sería la más racional y la más técnica. Unos han expresado su simpatía por el proyecto y otros sencillamente no han dicho nada.
Más allá de esta jugada de opinión pública, que otros llamarían una estrategia, sería interesante ver qué ocurriría si el plan de la Presidencia de la República es sometido a un examen pormenorizado y a una discusión amplia entre sus autores y expertos en ingeniería civil, en urbanismo, en transporte público, en arquitectura, en geología, en habitat humanos y, por supuesto, en economía y en inversiones públicas.
Por supuesto, dudo mucho que esto ocurra. El poder político de estos países no se anda con esos arreglos y con esas delicadezas. Tenemos un poder que, en esencia, entiende su autoridad como capacidad para hacer lo que se considera que debe hacerse. Y punto. Ahora, se dirá, se ha cumplido con un protocolo propio de las democracias maduras, como es este de explicar lo que se hará, dar las razones por las cuales se adopta la decisión y presentar los costos financieros que los contribuyentes tendrán que pagar.
Yo creo, desde mi ignorancia sobre la materia, que cuando el gobierno se decida a construir un Metro bebería llevarlo desde Boca Chica hasta Herrera o desde San Isidro o Lucerna hasta el kilómetro 28 de la autopista Duarte, con derivaciones que unan a Villa Mella con Haina, etcétera. Y siempre preferiría un tranvía.
Pero volvamos al punto central. Me parece que lo que difícilmente puedan lograr los juegos de opinión pública diseñados por el gobierno es convencer a la ciudadanía de que esta es, precisamente, el tipo de inversión que en estos momentos debe absorber el grueso de las energías, de los esfuerzos, de los fondos y de las iniciativas de la administración pública.
Y este es el punto fuerte de los ciudadanos, porque en esta materia cada uno puede hablar con conocimientos de causas y hasta con sufrimientos de causas. Todos los dominicanos conocen al dedillo de la existencia de la llamada deuda social, una deuda que no puede ser más grande y que no puede ser postergada por más tiempo.
Los peledeistas más estudiosos y conocedores de la vida dominicana saben que desde 1966 a la fecha el grueso de las inversiones públicas del país se ha canalizado hacia las construcciones. Y saben también que se ha hecho en perjuicio de la escuela, de la salud, del agua potable, de la pensión o seguridad social y podría decirse que hasta de la dignidad humana. Considero que continuar este sendero en las actuales circunstancias no encaja en quienes en algún momento de su vida han propugnado por la equidad social. Se impone un modelo económico y social más cercano a la justicia social, que acerque más a la gente a los bienes básicos y fundamentales de la existencia humana.
