El miedo a la Sala Constitucional

http://hoy.com.do/image/article/417/460x390/0/35FD2BEB-70E1-4B73-A9F2-7506E67B9E81.jpeg

La mayoría de los participantes en la consulta popular, el presidente Leonel Fernández, la oposición -ejemplificada en el ingeniero Miguel Vargas-, y la comunidad jurídica nacional-expresada en las posiciones de la Comisión de Juristas, la FINJUS y la Academia Dominicana del Derecho- favorecen la creación de una jurisdicción constitucional autónoma. ¿Por qué, sin embargo, hay quienes temen a esta jurisdicción?

Veamos lo que ha pasado en los países que la han instaurado. Según el magistrado de la Corte Suprema argentina Eugenio R. Zaffaroni, esos países “nos muestran que, en las últimas décadas han avanzado desde los estados de derecho ‘legales’ a los estados de derecho ‘constitucionales’, es decir, estados de derecho cuya jurisprudencia (constitucional y ordinaria) realiza un considerable esfuerzo para dar plena vigencia a los principios constitucionales”, al extremo que lo que había antes “nadie lo defiende discursivamente ni lo añora”.

¿Chocan estas jurisdicciones y la justicia ordinaria? El peruano Juan Monroy Galvez responde: “No existe país donde la incorporación de un tribunal constitucional destinado a efectuar un control concentrado que asegure la vigencia y primacía de la Constitución, así como la eficacia de los derechos que ella reconoce, no haya producido tensiones entre la nueva institución con el Parlamento, con el Poder Judicial o con ambas. Esta situación tiene una explicación histórica definida. Se trata de la inserción de una nueva manifestación de poder político en la estructura de un Estado que no ha renovado su organización tradicional, lo que hace que la crispación resulte inevitable”.

¿Dónde hay menos conflictos? Para algunos, como el salvadoreño Jorge Eduardo Tenorio, allí donde, como ha propuesto el Presidente, existe una sala constitucional especializada en el tribunal supremo, y para otros, como opina Cristóbal Rodríguez, cuando esta jurisdicción está en manos de un tribunal constitucional. Pero, en nuestra América, la tendencia es a establecer, o bien salas constitucionales autónomas (Costa Rica, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela) o bien tribunales constitucionales (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú).

De acuerdo con el español Luis López Guerra, el surgimiento de jurisdicciones constitucionales se debe a que: primero, “el poder judicial del momento, seleccionado en épocas anteriores, no tenía interiorizados los valores constitucionales”, por lo que se “prefirió establecer una instancia distinta que ( … ) garantizase ( … ) el ámbito de los derechos fundamentales”; y, segundo, porque hacía falta “un órgano que estableciera unos principios comunes, resultado de la interpretación de la Constitución, y que vinculasen a todos los poderes del Estado en materia de derechos fundamentales”.

¿Se justifica en nuestro país una Sala Constitucional? El atraso en el fallo de las acciones en inconstitucionalidad, la carencia de precedentes supremos que orienten a los jueces de amparo, el cierre al ciudadano de la puerta a la justicia constitucional por una arbitraria definición de parte interesada, los inesperados virajes del tribunal supremo, la prevalencia de una cultura judicial anti-constitucional, y, lo que es peor, el temor de abordar cuestiones políticas sensitivas, hacen impostergable crear esta jurisdicción.

¿Son estos problemas exclusivos de República Dominicana? No, pues, como afirma Zaffaroni, estos son frecuentes en todos los países que carecen de jurisdicción constitucional independiente, pues “es obvio que cuando se cuenta con un verdadero tribunal constitucional ( … ) no es tan fácil declarar no judiciables ciertas cuestiones, pero cuando un tribunal supremo no tiene carácter político encargado de resolver conflictos de poderes, como en el caso argentino, todo es posible. Estos tribunales pueden acudir a la ‘self restraint’ cuando no les interesa resolver el casa, porque sería favorecer los derechos de los menos poderosos o porque les acarrearía conflictos que quieren evitar, o puede ampliar su competencia cuando le interesa particularmente hacerse cargo de la decisión de un caso o formular una simple manifestación política”.

Quien quiere control del poder y límites al presidencialismo debe favorecer la jurisdicción constitucional. Y es que, como afirma Alfonso Celotto, esta tiene “un significativo peso político, como guardián de la Constitución, órgano de equilibrio del ordenamiento e interlocutor necesario del debate político, institucional y social”. Por eso, mientras “más numerosos son los poderes centralizados en las manos de los presidentes de la república es más raro que aparezcan cortes constitucionales con poderes efectivos”.