Para identificar el tipo de modelo deportivo de un país determinado, es necesario conocer el régimen jurídico en ese sector y el cuadro de relaciones entre la organización del deporte público y el deporte privado. Este tema resulta de mucha importancia en estos días en que grupos de presión tratan de confundir a la opinión pública afirmando que potestades fiscalizadoras de recursos inherentes a la agencia gubernamental, son acciones injerencistas frente al entramado olímpico-federativo.

Hace algunos años el Consejo Superior de Deportes de España llevó a cabo un interesante proyecto de investigación que estuvo limitado a las características de la legislación deportiva de cinco países de habla hispana de Centroamérica y el Caribe: Cuba, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.

Una de las partes más llamativas del trabajo a cargo de renombrados expertos en la materia, estuvo dedicado al tipo de modelo deportivo subyacente en los ordenamientos jurídicos de los citados países, aunque tal condición también es aplicable a otras naciones latinoamericanas.

El estudio plantea que el esquema organizativo de todos los países del área bascula sobre dos pilares principales: un ente estatal dotado de personalidad jurídica que asume el grueso de las políticas deportivas públicas en materia de planificación, fomento y fiscalización, y un órgano de coordinación de carácter consultivo o asesor, generalmente denominado Consejo Nacional, compuesto por representantes de las instituciones públicas con competencia en materia deportiva y por representantes de los agentes deportivos privados.

Una de las graves fallas de nuestra incoherente Ley General de Deportes es que a ese órgano (CONED) se le dio una función deliberativa por encima del Ministerio de Deportes, en vez de consultiva como corresponde.

Teniendo en cuenta el grado de tutela ejercida por el Estado sobre las federaciones deportivas, se distinguen dos versiones. Por una parte están aquellos países donde estas entidades están sujetas al control del Estado, como los casos de Cuba, y El Salvador.

En las demás naciones las relaciones entre las federaciones y los poderes públicos se han limitado a la concesión de ayudas y subvenciones económicas, aunque tal situación está cambiando hacia una intervención más cualitativa y cuantitativa.

Se tipifican tres tipos de modelos deportivos: intervencionista, abstencionista y mixto. Cuando en el marco de relaciones entre ambos sectores se concibe como pública, deparando una intensa tutela del Estado sobre la estructura federativa, se consideraba que el modelo subyacente es de carácter intervencionista, y por el contrario, cuando el poder público se abstrae y no interfiere en la ordenación de las entidades privadas, es de carácter abstencionista.

Se observa una tendencia hacia la emergencia de un tercer modelo deportivo calificado como “mixto” en el que se publifican aspectos de la práctica deportiva federada, y una intensidad de los poderes públicos cada vez mayor.

En los países objeto de estudio se ofrecen ejemplos de todo el espectro. Cuba un Estado de corte socialista, y El Salvador, son enmarcados en el modelo intervencionista, mientras que Puerto Rico se incardina en el mixto, y Nicaragua y República Dominicana son ubicados en la línea abstencionista.

Sin embargo, entendemos que el modelo dominicano ha oscilado en las últimas décadas entre el abstencionismo y el mixto, dependiendo del comportamiento de quienes hayan estado dirigiendo el principal organismo deportivo oficial.

Las administraciones que no hayan cumplido con la implementación de controles sobre las entidades privadas subvencionadas y las exigencias legales sobre la rendición de cuentas, se han identificado con el abstencionismo, considerado como una debilidad institucional.

Desde el principio las actuales autoridades optaron por un plan deportivo a gran escala bajo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, procurando relaciones armoniosas con la vertiente olímpica y garantizando un consistente respaldo, pero sin dejar de insistir en el cumplimiento de reportes y liquidaciones de las partidas asignadas, en el marco de una nueva cultura de transparencia gubernamental.