Me manifestaba hace días un amigo su extrañeza de que no haya escrito o dicho nada sobre el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2020. La verdad es que escribir sobre el presupuesto nacional ya no da gusto. Se ha convertido en un ejercicio bastante aburrido. Hasta la formulación del presupuesto se ha convertido en aburrido: no hay mucho que inventar o innovar, fuera de asegurarse que las cuentas cuadren. Lo que más se parece al presupuesto de un año es el del año siguiente: muy poco cambia.
La última vez que en el país se hizo un presupuesto con importantes diferencias fue en el 2013, cuando se asignó por primera vez el 4% para la educación, se hizo una modesta reforma tributaria, se redujo significativamente el déficit heredado del último año de Leonel y se bajó a la mitad la parte entregada al Banco Central para cubrir su excedente de gastos.
Después, de lo que se trata cada año es básicamente de reproducir el presupuesto, incrementando las magnitudes. Quizás lo único curioso este año entrante es que el presupuesto total (no confundir con el gasto público) casi llegará a un millón de millones de pesos (1 billón en español, aunque puede leerse de otro modo, dependiendo del país y el idioma). Esto es el 20% de un PIB que se acerca a los cinco millones de millones
Y digo que no confundir el presupuesto con el gasto público porque en el presupuesto se incluye, además del gasto, el pago de deudas, que es un pago por un gasto anterior. El gasto previsto en 2020 es de RD$861 mil millones, lo que equivale al 17.5% del PIB, y con eso no hay que inventar mucho. Los ingresos proyectados son un 15.3%, de modo que se prevé trabajar con un déficit de 2.2% del producto.
Como cada año vienen los tradicionales comentarios, quejas y reclamos:
• Que es un presupuesto electoralista (en este caso)
• Que el Gobierno no elimina el déficit fiscal y con ello sigue creciendo la deuda pública
• Que es muy bajo el gasto destinado a diversos servicios públicos, principalmente a la salud (algunos reclaman el 5% del PIB, algo completamente inviable)
• Que hay muy poco (2.3% del PIB) para la inversión pública en infraestructura, cuando lo aconsejable es 5%
• Que no se cumplen las leyes que disponen 5% para la UASD, 10% para los municipios, otros porcentajes para la justicia, los legisladores, la Cámara de Cuentas, el ministerio público, los partidos, la JCE, el Banco Central, etc.
Ahora planteémonos el siguiente ejercicio presupuestario: trabajar sin déficit y no tomar nuevo financiamiento; mantener el 4% para la educación; pagar el servicio de la deuda y cumplir todas las leyes que mandan porcentajes para diversas instituciones y fines, incluyendo leyes vigentes como la recapitalización del BC y los regímenes subsidiado y contributivo-subsidiado de la seguridad social.
Solo las leyes ya vigentes, ninguna nueva: nada de 5% para salud, para infraestructura, ni porcentajes para vivienda, para agua, etc.
De un ingreso de 15.3% del PIB descontamos el 4% para la educación (preuniversitaria), 6% se lleva el servicio de la deuda pública y del restante 5.3% aplicar los porcentajes, y aquí se acabó el ejercicio. Cerramos oficinas, hospitales, cuarteles, no más obras públicas y lo único que sigue funcionando es la educación, las cortes, el Congreso, el Banco Central y los partidos y todo aquel que haya conseguido su porcentaje, hasta donde alcance. Los demás cada uno para su casa, incluyendo los mismos responsables de velar por la ejecución del presupuesto.
A veces es bueno simplificar las cosas hasta este nivel, a ver si comenzamos a entendernos. A mí el proyecto sometido no me ha parecido nada extraño, ni siquiera electoralista. Eso no significa que el ciclo electoral no va a influir sobre el presupuesto. Va a influir bastante, pero no en la formulación, sino al momento de la ejecución, y eso lo veremos en la siguiente entrega.