El país marcha hacia una mayor capacidad policial y judicial para la corrección sancionadora y persuasiva de las agresiones a ciudadanos y a sus propiedades pero el marco referencial o de contexto de hechos lesivos a la colectividad reclaman –a criterio de autoridades del derecho- protagonismos preventivos del Estado y de la propia sociedad civil. Daños detonados desde la complejidad y arraigo de factores que han ido en contra de la correcta formación educacional, la creación mayor de empleos, la reducción del consumo de drogas, permitidas o proscritas, la consolidación de valores morales en las familias y el manejo de conflictos interpersonales desde la orientación calificada y gratuita. Razonablemente, el doctor Servio Tulio Castaños –Finjus- ha advertido que la reforma policial no lo es todo. Y para decir más de nuestro lado, en el país sigue alta la proporción de niños, adolescentes y jóvenes que no trabajan ni estudian tanto por ausencia de destrezas y de la forma de adquirirla como de ofertas laborales calificadas, pues los empleos que verdaderamente proliferan son los informales y marginados de protección legal y social.

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Y peor aún, sobre el sector poblacional de la pre-adultez obra la difusión ilimitada de cantos y ritmos de letras que fomentan vicios, violencia contra la mujer y adoración por el dinero fácil. Mensajes antisociales a cargo de controversiales ídolos a los que el Gobierno comete la imprudencia de homenajear.