Está afligido.  Entre los ambientalistas, científicos y/o amantes de la naturaleza, ciudadanos, conscientes  todos  del peligro ambiental que amenaza nuestra isla, cunde la preocupación  porque probablemente nuestra Carta Magna no recoja ni esos sentimientos profundos, producto de una historia de violaciones al medio ambiente y al derecho a la vida, ni  las evaluaciones  de impacto ambiental donde se demuestra que el cambio climático, ya se hace perceptible en nuestra Isla (La Española).

Lo que se “cocina” en el Congreso Nacional no es halagüeño, ya que se rumorea que en el famoso pacto PRD-PLD podrían suprimirse derechos colectivos, difusos o de tercera generación, que se habían aprobado en primera lectura. Muchos se alegraron de ver cómo la “Ilustración” había tocado a nuestros diputados cuando, siguiendo una corriente mundial, aprobaron esos derechos y deberes de “tercera generación” que nos reconfirmaban derechos civiles, como el libre acceso a las playas, el derecho a un ambiente sano, el derecho al disfrute de todos los bienes naturales de la Isla, para todos/as que ni el sector privado, ni el público nos pudieron garantizar.

Ni hablar de la garantía de un traspaso de esos bienes para nuestras futuras generaciones. Sería nefasto para el país y la imagen que busca proyectar el Presidente de la República, no reiterar esos derechos colectivos cuando el agua y los recursos forestales y mineros son de ahora en adelante recursos estratégicos para la sobrevivencia de la Humanidad. Sería irresponsable no reconocer la solidaridad ambiental que nos une a Haití para la búsqueda colectiva de soluciones urgentes, frente a las consecuencias del cambio climático, que se manifiestan ya. El Congreso Nacional debe ser la caja de resonancia del país, que entendió, en el caso de la cementera en Los Haitises,  que los impactos serían definitivos y dramáticos para la sobrevivencia de nuestra especie, por el agua, por los alisios y sus efectos en la agricultura orgánica, en la fauna y en la flora.

El Congreso debe ponerse a tono con la vocación de esos derechos de tercera generación que tienen el propósito de consolidar y reafirmar, los derechos inalienables de la comunidad nacional sobre los recursos de la Isla, no para  intereses privados, sino para el Futuro.