Justicia argentina emite 2 fallos a favor de Cristina Fernández

La candidata a la vicepresidencia Cristina Fernández de Kirchner saluda a su llegada a un acto de cierre de campaña con el candidato Alberto Fernandez en Mar Del Plata, Argentina, el jueves 24 de octubre de 2019.(AP Foto/Natacha Pisarenko)
Dos días después que las elecciones le garantizaran el regreso al poder, esta vez como vicepresidenta, la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner fue beneficiada con fallos judiciales en dos de las investigaciones por presunta corrupción durante su mandato. En una tercera, un tribunal confirmó los cargos en su contra.
Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dictó ayer falta de mérito contra Fernández de Kirchner por el delito de cohecho pasivo en la concesión de obras viales. La misma resolución se adoptó en otra causa que la investigaba como presunta jefa de una asociación ilícita para la importación de gas natural licuado por un valor por encima del mercado, de manera que la diferencia quedara en los bolsillos de los funcionarios de su gobierno (2007-2015).
La falta de mérito se dispone cuando la justicia carece de pruebas suficientes para una acusación formal, pero no implica que el imputado no pueda seguir bajo investigación. Ambas resoluciones fueron adoptadas dos días después de que el opositor Alberto Fernández, secundado en la fórmula por Fernández de Kirchner, resultara el más votado en las elecciones generales del último domingo, en las que el presidente conservador Mauricio Macri aspiraba a la reelección.
El regreso al poder del kirchnerismo a partir del 10 de diciembre dio pie a especulaciones sobre el futuro del complejo frente judicial que enfrenta la exmandataria, de 66 años.
La normativa electoral habilita a competir a candidatos imputados e incluso condenados, siempre y cuando la sentencia no esté firme.
El mismo tribunal que la favoreció también confirmó ayer la acusación formal en su contra por supuestamente recibir sobornos en una causa que la investiga como responsable de un esquema de recaudación ilegal durante sus dos mandatos que consistía en la adjudicación de obras públicas a empresas que a cambio debían entregar una suma de dinero.